Restituyendo la dignidad

Han pasado 72 años. Es cierto. Pero, antes o después, tenía que llegar el momento. El juez Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crímenes cometidos por los vencedores de la Guerra Civil entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, fecha marcada “por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban”, según explica la propia resolución. Por primera vez en 72 años, un juez ha dicho que Franco fue un asesino y que cometió, junto a los otros altos cargos de la dictadura, miles de crímenes contra la humanidad y que el desencadenante de la guerra fue un golpe de estado ilegal que pretendía acabar con la República y con el gobierno legítimo de España mediante el uso extremo de la violencia. Una vez firmada esta resolución, el proceso ha echado a andar.

Es cierto que las investigaciones comenzaron en junio, cuando Garzón solicitó a instituciones públicas y privadas, entre ellas la Conferencia Episcopal, que entregaran toda la información que tuvieran sobre fusilados y desaparecidos en la represión. En total, 114.266 personas que “descansan”, todavía hoy, en fosas comunes repartidas entre cunetas, descampados y tapias de cementerios. Y, ¿qué pasa ahora? Muchos medios de comunicación han ridiculizado a Garzón por el hecho de solicitar a los registros civiles los certificados de defunción del general Francisco Franco y de todos los que le apoyaron en el golpe de estado. Esto, que parece una mera tontería, es un formalismo judicial para extinguir la responsabilidad penal sobre el dictador. Es un formalismo similar al de solicitar al Congreso que acredite la condición de un diputado de alguien que todo el mundo sabe que lo es antes de encausarle por algún delito. Es decir, mero trámite. En segundo lugar, el juez Garzón ha solicitado al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de la Falange Española entre el 17 de julio 1936 y el 31 de diciembre de 1951. Si han muerto, el trámite será el mismo que el seguido con la cúpula militar franquista, pero si están vivos serán imputados, aunque ninguno ingresará en prisión debido a su avanzada edad y por razones puramente humanitarias. Esto no significa, como ha declarado Falange Española, que se intente ensuciar el nombre de este partido político. Actualmente, es un partido democrático y, lo único que se va a hacer es buscar a aquellos falangistas que cometieron delitos contra la humanidad. De ningún modo se les va a culpar por defender una u otra ideología. Y mucho menos si está aceptada por la Constitución.

Ahora, la pregunta está clara: ¿Por qué desenterrar muertos 72 años después? Porque ha de hacerse. Porque estamos hablando de más de 100.000 personas que están enterradas en fosas comunes, abandonadas como perros, simplemente por defender unas ideas diferentes a las de los vencedores. Por sus familias, por haber tenido que permanecer en silencio durante años por temor a convertirse en nuevas víctimas y, desde la Transición, por tener que callarse debido a una Ley de Amnistía firmada en 1977 y que declaraba impune, incomprensiblemente, a todo culpable. Porque el resto de la sociedad española y de las fuerzas políticas del Estado les obligaron a olvidarse de sus seres queridos. Hoy, hijos, nietos y sobrinos de los fusilados han alzado la voz. ¿Por qué podemos juzgar en España a las víctimas de Pinochet o de la dictadura argentina (procesos ambos muy alabados) y no a las españolas? ¿Por qué parece que, 72 años después, no puede hablarse con libertad de esta dura represión sin mirar a un lado y a otro con síntomas de terror? Hoy, por fin se ha hablado claro. Las innumerables ejecuciones sumarísimas, sin las más mínimas garantías de un proceso justo, las torturas, el expolio de los bienes de los vencidos, las ejecuciones extrajudiciales seguidas de la desaparición forzada de personas ya eran entonces, con arreglo al derecho internacional, crímenes contra la humanidad. Además, los crímenes contra la humanidad se han considerado inprescriptibles, es decir, que no pueden prescribir, según toda la doctrina y la jurisprudencia de los tribunales internacionales, cuya legitimidad reconoce el Estado español. Por tanto, todos aquellos puristas que opinan que Garzón no tiene competencia (entre ellos el fiscal de la Audiencia Nacional) y que no se puede abrir una investigación sobre crímenes de hace 72 años porque ya han prescrito o han sido amnistiados, se equivocan. Y así lo avala la prensa internacional, que ha apoyado con firmeza la decisión del juez Garzón para limpiar el nombre de las víctimas del franquismo.

Es más, la Ley Orgánica de 25 de mayo de 1988, encomienda a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos por personas relacionadas con elementos rebeldes. De hecho, el Código Penal existente en 1932 y el actual castigan cualquier acto de rebelión. Y todavía existen más argumentos para demostrar que el juez Garzón es totalmente competente para abrir este proceso, pues la Ley de Amnistía que libró de toda culpa a los exaltados es preconstitucional (1977), por lo que cualquier juez puede, de acuerdo con la disposición derogatoria del texto constitucional, declararla inaplicable. No queda otra, por tanto, que atenerse a las libertades que ensalza nuestra Constitución, la cual reconoce como norma totalmente efectiva a la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por todas estas razones, es totalmente legal y constitucional la intervención del Juzgado de Instrucción Central nº5, por lo que ninguna institución, pública o privada, puede poner obstáculo a lo que este juzgado le solicite, sin el riesgo de incurrir en el delito de obstrucción a la justicia.

¿Y por qué no procesar a los rebeldes republicanos?
No hay duda de que durante los casi tres años que duró la Guerra Civil, la República trató de hacer frente a la situación con las armas legales que tenía a su alcance. También es cierto que, desbordados por la presión de los sectores más extremistas, no pudieron contener acciones criminales, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desaparición forzada de personas que incuestionablemente constituyeron crímenes contra la humanidad. Pero, los vencedores ya se encargaron de castigarlos y, a su vez, de cometer muchísimos crímenes más. Sólo cabe citar, por ejemplo, al general Queipo de Llanos en uno de los bandos de guerra que redactó: “Serán pasados por las armas los directivos de los partidos del Frente Popular y si no fueren encontrados un número proporcional de afiliados”.

Y como era de esperar, a Garzón se le cuestionó sobre Paracuellos. El juez explicó por qué no admitió a trámite la querella presentada en 1998 por lo ocurrido allí. “Tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se sancionó (y fusiló) a los responsables y las víctimas fueron identificadas”. Además, investigar este hecho tampoco sería competencia de la Audiencia Nacional, pues el desencadenante de tal tropelía no fue ningún golpe de Estado.

No hay duda de que el tema es peliagudo. De que muchos ven este proceso como un motivo para reabrir heridas cicatrizadas a golpe de años y años de silencio. Pero para que la herida cicatrice bien es necesario coserla con hilo y aguja, y no sanarla cada equis tiempo a base de agua oxigenada.

Como dice Carlos Piera en la introducción a la novela Los girasoles ciegos: “Superar exige asumir responsabilidades, no pasar página o echar en el olvido”.

También podrán encontrar este artículo en elperiodicodeyecla.com