La decadencia del periodismo

El periodista del siglo XXI no es más que un empleado de la industria de la información, un mero espectador de la encarnizada guerra mediática alimentada diariamente por el poder político y económico

¿Quién es periodista? ¿En qué consiste hoy el ejercicio profesional del periodismo? Las múltiples respuestas fluyen y se entrecruzan entre la bondadosa retórica decimonónica  -el Periodismo como tal nació en el siglo XIX- y la dura realidad que actualmente afecta a esta profesión. La vocación perdura, pero la libertad murió. El periodista del siglo XXI no es más que un empleado de la industria de la información, un mero espectador de la encarnizada guerra mediática alimentada diariamente por el poder político y económico.

El pasado domingo, Olga Rodríguez, periodista y defensora de la comunidad en eldiario.es, publicó un interesante artículo donde preguntaba de qué lado queremos estar los periodistas. ¿Junto al poder o junto a los ciudadanos? ¿Hemos de defender los intereses de la empresa que nos paga o luchar por el rigor que se presupone a esta profesión? En conclusión, ¿tenemos que dejar de cuestionarnos todo y trabajar con el objetivo de perpetuar el pensamiento dominante o debemos ser altavoz de la ciudadanía en contra de los poderes privados?

Como supuesto profesional de la materia –ni siquiera existe un acuerdo en el sector para definir concretamente quién es periodista y quién no- me decanto por la segunda opción, sin embargo, es cierto que cada vez es más complicado hacer buen periodismo en los medios de comunicación de masas. El mensaje que llega a los ciudadanos a través de televisiones, radios y periódicos es homogéneo. Todo está encuadrado en un mismo sistema caduco que nadie cuestiona. Unos piden algunas reformas, otros se decantan por meros retoques. Pero nadie osa cuestionar los cimientos del maltrecho edificio.

Precariedad y control

Las informaciones veraces, rigurosas, contrastadas y contextualizadas son prácticamente historia, especialmente porque la precariedad laboral no da pie a ello. Las redacciones están cada vez más vacías, decenas de ERE acaban con otros tantos medios, y miles de profesionales se ven abocados al paro y a la desesperación. Burger King, McDonald’s y centros comerciales en general se están convirtiendo en la única salida para muchos de ellos. Y los que se quedan, malviven. Jornadas abusivas, salarios irrisorios, derechos nulos. Los empleados de las industrias de la comunicación –becarios explotados en muchos casos- no son más que distribuidores de la información que generan los poderes políticos, económicos, culturales, deportivos y de cualquier otro sector. Además, quienes se atreven a bordear la línea e intentar ejercer un periodismo libre y contrastado, son presionados por sus propias empresas para que rechacen tal osadía.

Y, a pesar de todo, me pregunto: ¿Qué libertad de prensa vamos a poder ejercer cuando la información está tan controlada? Fox News, Time Warner, Disney, Sony, Bertelsmann, Viacom y General Electrics conforman siete oligopolios mediáticos que controlan el 70% de los medios de comunicación mundiales. Ellos, junto a las cuatro grandes agencias de información –Associated Press (Estados Unidos), France Press (Francia), Reuters (Inglaterra) y DPA (Alemania)-, que controlan el 90% de la información que se distribuye en todo el mundo, deciden qué es noticia y qué no, qué se debe conocer y qué hay que ocultar. Su principal motor es el beneficio económico, por lo que la información no rentable no será nunca transmitida. Asimismo, aquellas noticias que puedan poner en peligro su status privilegiado serán escondidas o tergiversadas con el fin de que su pedestal no se tambalee. Y así funciona todo.

El control en España

En los últimos años, Internet ha irrumpido en la sociedad y ha propiciado que centenares de blogs y medios alternativos se multipliquen en la Red. Cada vez son más los medios donde poder encontrar esa contra-información que los medios generalistas no ofrecen, pero también es cierto que todavía llegan a muy pocas personas. En España, el 71,4% de los españoles se informa exclusivamente por la televisión y es ahí donde el control se muestra más claro y contundente.

Telecinco y Cuatro son parte del emporio mediático del magnate italiano Silvio Berlusconi. Antena 3 es propiedad mayoritaria de José Manuel Lara, dueño del Grupo Planeta, que también controla La Razón y Onda Cero. TVE, La 2 y el canal 24 Horas son de titularidad pública y son gestionadas directamente por el Partido Popular, que ha modificado la ley para que su control pueda ser todavía más directo. Hasta la llegada del PP, el nombramiento del director general era necesario consensuarlo en el Parlamento. Ahora, se ha roto ese pacto y el Gobierno es quien propone y decide. Algo similar ocurre con las televisiones autonómicas, cuyas informaciones ondean del lado del partido que gobierna cada comunidad. Todas tienen tremendas pérdidas y actualmente la mayoría de ellas está en trámite de privatización, total o parcial.

La última porción de la tarta se la dividen, a muy pequeña escala, las plataformas digitales. La mayoría son de ideología ultraconservadora (Intereconomía, 13TV, Libertad Digital TV…), deportivas (Marca TV, Teledeporte, Gol TV) o infantiles. El resto son filiales de los grupos y televisiones anteriormente citados (Neox, Nova, La Siete…). Muchas están arruinadas, pero se mantienen a flote como instrumento de influencia ideológica y mantenidas, principalmente, por inversores privados con fuertes intereses económicos, especialmente en la difusión del mensaje neoliberal.

En conclusión, los empresarios de los medios de comunicación anteponen los intereses económicos al derecho a los ciudadanos a estar verazmente informados, obviando los principios éticos y deontológicos de la profesión periodística. Toda la información de los grandes medios está al servicio y en sintonía con sus dueños y con sus compromisos políticos, económicos y morales. La publicidad manda. Inversores y accionistas son quienes llevan el timón. Y claro ejemplo de ello es que en nuestro país sigue sin haber una Ley de Prensa justa, puesto que la que sigue vigente es aquella que en 1966 aprobó el entonces ministro franquista de Información, Manuel Fraga Iribarne, con unos pequeños retoques aprobados por Real Decreto en 1977.

Los profesionales del Periodismo seguimos sin protección. No tenemos estatuto común a la profesión y nuestros derechos laborales se ven vapuleados año tras año. El periodista mileurista es un afortunado a los ojos del resto. Falta unión y falta acción. Tanta desidia acabará con nuestra profesión y nos convertirá en juntaletras sin futuro. En meros voceros del poder. No lo podemos permitir.

Artículo publicado en Fundación Melior

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