¿Dignidad o venganza?

El Gobierno valenciano echa el cierre de su televisión pública y los trabajadores se amotinan para denunciar todo lo que han sufrido durante estos años. ¿No llega muy tarde tanta protesta?

Estos días solo se habla de Canal Nou. Un grupo amplio de trabajadores desprotegidos que se ven en la calle después de que el Gobierno de Alberto Fabra haya decidido echar el cierre a la televisión pública. Lo fácil es solidarizarse con ellos y criticar abiertamente al Gobierno. Comparto la segunda parte, pero no la primera, aunque la pueda respetar. Echando un ojo a la hemeroteca, solo se perciben un par de llamadas de atención a la dirección de la cadena por parte de los trabajadores. La última fue en febrero de 2012, tras una semana de protestas de jóvenes estudiantes en Valencia. En ese momento, el comité de empresa de Radio Televisión Valenciana pidió la dimisión del director general del ente y de los directores de Canal 9, Radio Nou y de sus respectivos informativos. Denunciaron que “cuando las cargas policiales provocaron más detenciones y heridos”, todas las ediciones informativas de la televisión y la radio públicas “ocultaron intencionadamente todas las imágenes de los golpes y la brutalidad policial contra los estudiantes del IES Lluís Vives” y, además, “se presenta a la Policía como víctimas y a los estudiantes menores de edad como culpables”.

Antes que esa, en 2008, otro pequeño grito de protesta, auspiciado por los sindicatos, esta vez contra Pedro García, el que por entonces era director general del ente público “por manipular la información y dar trato de favor al PP”.

Después de eso, las protestas solo se han producido por el ERE que dejó en febrero de este año a 843 trabajadores en la calle. Unos días antes, Radio 9 había hecho lo propio con otros 79 empleados. Entre las personas despedidas, además de algunas caras visibles de la televisión valenciana, estaban las tres mujeres que denunciaron al ex secretario general de RTVV, Vicente Sanz, por acoso sexual en 2010.

Consumado el despido masivo, los 324 trabajadores que se quedaron en plantilla, callaron. Algunos de los despedidos también, pues acabaron en puestos de dirección de RTVV, como Xelo Miralles –una de las más críticas con el ERE-, que pasó al Consejo del ente a petición del PP valenciano.

Unos meses más tarde, en agosto, 161 técnicos y 29 cámaras afectados por el ERE y que tenían que dejar su puesto de trabajo el 31 de ese mes fueron rescatados para garantizar así la continuidad de las emisiones de la televisión autonómica. ¿Se consiguió este éxito gracias a la presión de los empleados? NO. Esta decisión fue efectiva después de que un responsable técnico explicara la complicada situación de la cadena a su directora general, Rosa Vidal. Pero para conseguirlo no hubo presiones, ni protestas. Finalmente, fue la propia dirección quien decidió rescatar a esos empleados para asegurar la emisión en septiembre.

Con este artículo, lo que quiero decir es que me parece justa la protesta de los trabajadores y trabajadoras que se ven afectados por el cierre de la televisión pública valenciana, pero que llega tarde. Igualmente, me parece vergonzoso que hoy hablen de “servicio público” cuando han estado veinte años al servicio del poder sin que haya habido apenas voces discordantes dentro de la cadena. Solo se escuchaban quejas desde los bancos de la oposición, aunque sin proponer alternativa alguna. Y sonoros abucheos en las calles, donde las cámaras de Canal 9 eran recibidas con pitos en manifestaciones y protestas. Muy al estilo de lo que ocurre cada vez que se deja ver una cámara de Intereconomía allá donde va. Cuando tantos valencianos y valencianas se quejaban por la manipulación clara y sin tapujos de Canal 9, la gran parte de los trabajadores miraba a otro lado.

Ahora, después de conocer el despido y cierre de la cadena, han tomado la televisión para contar todo aquello que no han contado en dos décadas. Pienso que actúan por venganza, no por profesionalidad. Su defensa por el rigor periodístico, por el servicio público, llega demasiado tarde, como por ejemplo cuando ayer defendieron a las víctimas del metro de Valencia, silenciadas durante años por RTVV. A buenas horas. 43 personas perdieron la vida en esa tragedia, pero los trabajadores y trabajadoras de Canal 9 tuvieron una actitud indigna al abandonar a todas esas víctimas a cambio de defender a quienes les pagaban. Hoy dicen que actuaron como pudieron. Yo creo que no. Que fueron unos cobardes.

No cabe duda de que el PP valenciano y sus dirigentes son los únicos responsables de que RTVV sufra hoy este cierre. De los 1.200 millones de euros dilapidados y de los 1.800 despidos. Pero no tienen toda la culpa. No la tienen porque los empleados no supieron poner freno a esta vergonzosa situación. Seguro que muchos de los que ahora protestan por su despido, colaboraron en generar esa realidad paralela para los televidentes de esa cadena. No han estado a la altura. No son culpables directos, pero sí cómplices al cerrar los ojos y olvidarse de su compromiso social como periodistas de un ente público. Así que no aguanto que vayan de víctimas. No han sido más que estómagos agradecidos al servicio de un gobierno.

“En RTVV ha habido resistencia a la manipulación, a la censura y a los abusos, sí, pero mucha menos de la necesaria y los que la protagonizaron fueron los primeros despedidos”,publicaba ayer en eldiario.es la periodista Julia Álvaro, ex trabajadora de Canal 9 durante 23 años. “Por eso no puedo dejar de decir que me avergoncé cuando vi cómo los trabajadores que todavía quedaban en Canal 9 leían un comunicado cargando contra el PP cuando la mayor parte de ellos fueron sus cómplices, cuando no sus mismos directivos”, afirmaba.

Canal 9, con la que yo crecí durante muchos años –en mi pueblo se sintonizaba antes de la TDT y todas esas modernidades- siempre fue una televisión casposa y retrógrada. Impulsora de la telebasura con aquel mítico “Tómbola” que tan bien se exportó al resto de autonómicas –Canal Sur incluido- y que popularizó a personajes tan dañinos e insultantes para esta profesión como Jesús Mariñas, Karmele Marchante o Lydia Lozano. Fueron sus años dorados, bajo la batuta de Eduardo Zaplana, que apostó por la producción propia y multiplicó la plantilla. La audiencia media llegó al 20%. Y el PP la usó como arma. Primero para meter a sus amigos –de 600 trabajadores llegó a casi 2000- y después para manipular hasta la saciedad creando esa realidad paralela donde la Gürtel no existía. Ni el propio Zaplana una vez que desapareció de la vida política en beneficio de Camps. Fue un ente poderoso que adineró a los amigos del gobierno valenciano, ya fuera financiando la Fórmula 1, el Agua para Todos, la visita del Papa o comprando la Champions.

Pero la nefasta gestión y la baja calidad de su programación la hundieron. La audiencia le dio la espalda y la sociedad valenciana dejó de preocuparse por su televisión pública. El PP la siguió usando por su interés sin que ninguno de sus trabajadores hiciera un mínimo de autocrítica. Nada. Solo chupar del bote, cuanto más tiempo mejor. Hasta que hace dos días, Alberto Fabra decidió que ya no la necesitaba para nada. Que ya no era el arma de propaganda política que había sido a finales de los 90. Dice que para cerrar un hospital prefiere cerrar la televisión. Demagogia. No habla del aeropuerto fantasma de Castellón –ayer le inyectaron 25 millones de euros más- ni de los desmanes que ha habido en esa comunidad, convertida en pozo negro del derroche en España. La corrupción y la demagogia han vuelto a ganar. Y, por enésima vez, se demuestra que la clase media, esa que ha perdido su propia concepción de clase, no puede guiarse por el egoísmo. Porque siempre pierde. Si los trabajadores de Canal 9 se hubieran unido hace años en pro de un periodismo riguroso y de calidad, en defensa del servicio público para el que trabajaban, quizá hoy, otro gallo cantaría. Pero no, no lo hicieron. Prefirieron verse como funcionarios con puestos de por vida. Hoy están en la calle. Protestan. Luchan. Más vale tarde que nunca. Pero hasta hace dos días mostraron una falta de solidaridad abrumadora. Por otro parte, algo muy común en esta profesión. Les apoyo como compañeros y compañeras que son, pero con la boca pequeña. Porque hay una pregunta que no deja de rondarme la cabeza: ¿Y si la Justicia no hubiera revocado el ERE?

Ya decía Martin Niemöller…

Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista,

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
porque yo no era socialdemócrata,

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
no protesté,
porque yo no era sindicalista,

Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío,

Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.