La fiscalía pide para Patricia tres años de cárcel y el juez le impone una fianza de 8.900 euros por sentarse en un portal para evitar el desahucio de una familia
En días atrás comprobamos que barato sale en el Estado español
contaminar toda la costa gallega, y parte de la asturiana, cántabra, vasca y el
sur de Francia. La sentencia por la tragedia del petrolero ‘Prestige’ se saldó
con la absolución de los acusados. Sin embargo, si eres una persona solidaria
con el mundo que te rodea y te parece del todo injusto que el Ayuntamiento de
Madrid, bajo el mando de la alcaldesa Ana Botella, y bajo la marca de la Empresa
Municipal de la Vivienda, desahucie a una familia sin recursos dejándolos en la
calle, pues eso no sale gratis. Le ha pasado a Patricia, vecina del barrio de
Hortaleza, en Madrid. Por el hecho de sentarse en el portal junto a decenas de
personas para evitar el desahucio fue denunciada y acusada por la policía.
Ahora la fiscalía, la que rozando el ridículo actúa casi de
abogada defensora de la infanta Cristina por el caso de corrupción que afecta a
la hija del Rey y a su marido, Iñaki Urdangarín, pues sin embargo, la fiscalía
en este caso pide para Patricia una pena de 3 años de cárcel y el juez le ha
impuesto una fianza de 8.900 euros.
Con hechos como este, se entiende uno de los gritos más
escuchados en las manifestaciones: “lo llaman democracia y no lo es”.
El caso de Patricia lo explica muy bien el escritor Isaac Rosa
en eldiario.es Escucha
la adaptación radiofónica.
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