Felipe
González en Gas Natural, José María Aznar en Endesa, Rodrigo Rato en
Servihabitat de La Caixa o Josep Piqué en OHL son algunos de los casos más
chocantes de esa práctica tan difundida entre los políticos españoles de ir y
venir del sector público al privado sin miramiento alguno. Además, la ley
española, cada vez más flexible, abre de par en par las puertas más corruptas
del sistema.
El Grupo de
Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa alertó hace unas semanas de
que los casos de corrupción en España “atentan gravemente contra la
credibilidad de sus instituciones”. Concretamente, puso el acento en
las ‘revolving doors’, más conocidas en nuestro país como “puertas giratorias”,
es decir, esa difundida práctica por la que políticos con responsabilidad
gubernamental acaban al poco tiempo de cesar en su cargo público formando parte
de los consejos de administración de grandes grupos empresariales.
Especialmente, de aquellos a los que tenían la responsabilidad de regular
durante su mandato. En respuesta a este toque de atención del Consejo de
Europa, el Gobierno de Rajoy, no solo no se ha pronunciado, sino que ha dejado
entrever que va a suavizar la legislación actual,
que ya de por sí es totalmente laxa. Sin duda, hay que mantener sueldos y
privilegios de casos tan sonados como el de los ex presidentes Felipe González
y José María Aznar, fichados por Gas Natural y Endesa, respectivamente. Pero no
son los únicos, pues la relación entre ex dirigentes y grandes compañías está
cada vez más afianzada.
El amor de Endesa a
los políticos
Todavía recordarán el
arduo debate que protagonizó desde 2007 a 2009 la OPA que Enel (empresa energética italiana) lanzó sobre Endesa,
la antigua empresa nacional de electricidad española. Pedro Solbes, por aquel
entonces ministro de Economía del Gobierno socialista de Zapatero, fue quien
autorizó finalmente la operación de la venta. Actualmente, Enel controla el 92%
del capital de Endesa y, casualmente, Pedro Solbes es uno de sus principales
consejeros desde mayo de 2011,
convirtiéndose así en el primer español en formar parte del consejo de
administración de la compañía italiana.
Pero no es el único
político que vive de la antigua eléctrica española. Como citaba anteriormente,
el ex presidente José María Aznar
trabaja como asesor externo de Endesa para América Latina. Cuando
fichó en 2011, trascendió su contrato, por el cual percibiría unos 200.000
euros anuales. ¿Por qué tan suculento regalo? Endesa completó su privatización
en mayo de 1998, bajo su mandato. Se ponía así fin a un proceso que comenzó en
1988, bajo el Gobierno de Felipe González, con la venta del 25% de la
compañía.
Hay más
ejemplos. Miquel Roca Junyent, padre de la Constitución, ex secretario general
de CiU y actual abogado de la Infanta Cristina en el Caso Nóos es también miembro del consejo de
administración y abogado de Endesa. Amén de otros cargos como
secretario del Banco Sabadell, de Abertis Infraestructuras, de TYPSA o incluso
de ACS de Florentino Pérez.
Elena Salgado,
la que fuera vicepresidenta económica del último gobierno de Zapatero, también
tuvo su premio por parte de Endesa y fichó por el consejo de
administración de Chilectra, filial de la compañía en Chile. La ley
actual impide a un ex alto cargo trabajar para una empresa privada durante los
dos años posteriores a abandonar su puesto, por eso a Salgado le paga la filial
chilena de la eléctrica.
El actual
ministro de Economía, Luis de Guindos, tampoco se libra. Según publicó el
diario El País, De Guindos cobró en 2011 más de
368.000 euros de Endesa, ya que formaba parte de su Consejo de
Administración. Además, según la misma fuente, entre 2010 y 2011 el sueldo del
ministro creció un 65% en la eléctrica. Ese año, Luis de Guindos también estaba
en el Consejo del Banco Mare Nostrum, del que percibió 65.000 euros más.
Los favores de Gas
Natural
En 1994, Felipe
González ya había sustituido las chaquetas de pana por los trajes de diseño. El
Gobierno Socialista había dejado de serlo hacía mucho, la corrupción lo
devoraba y el caso del GAL le explotaba entre las manos al presidente. Sin
embargo, viéndose más fuera que dentro del Gobierno, González aún tuvo tiempo
de apañarse su futuro. Decidió vender la empresa pública Enagás a Gas Natural,
resultado de la fusión entre Catalana de Gas y Gas Madrid, y lograrse así un
sillón en la nueva privada gasística. Tuvo que esperar un poco, pero en 2010,
Gas Natural lo fichó para su consejo de administración por 126.500 euros
anuales. Aun así, parece que se aburre, pues hace unas semanas anunció que abandonará el cargo
cuando acabe su mandato. Es mejor cobrar por no hacer
absolutamente nada, pues no hay que olvidar que González, al igual que Aznar y Zapatero, cobra de forma vitalicia 80.000
euros anuales por haber sido presidente de
Gobierno.
Casualidades de
la vida –una vez más-, González se encontró en el consejo de Gas Natural con un
ex vicepresidente suyo, Narcís Serra, que estaba allí como director de Caixa
Catalunya. Una caja que, antes de ser intervenida, pagó sustanciosos sueldos a
Serra: 236.808 en 2007, 260.440 en 2008, 260.380 en 2009 y 246.393 en 2010.
Otras fuentes aseguran que cobraba más de un millón de euros
al año, pues ‘redondeaba’ su sueldo al participar en los consejos de
administración de Gas Natural o Telefónica. En 2011, Narcís Serra dimitió tras
dejar Caixa Catalunya al borde de la quiebra. ¿Fue procesado? No. Fue imputado, pero actualmente da
clases en el Instituto de Barcelona de Estudios
Internacionales. Se ve que quieren exportar su ejemplo.
Pero todavía
hay más. Rafael Villaseca, que a finales de los 80 y principios de los 90, fue
presidente de la empresa pública Inisel (hoy Indra), actualmente es consejero
delegado de Gas Natural y Nemesio Fernández-Cuesta, que fue secretario de
Estado de Energía con Aznar, forma parte del consejo de administración de la
gasística en representación de Repsol, petrolera de la que es director de
operaciones y que posee un 30% de Gas Natural.
Otros casos sonados
El amor de
nuestros políticos por el sector privado no acaba aquí, ni mucho menos. Los
ejemplos se multiplican cada año. El caso más vergonzoso es el del ex ministro
Rodrigo Rato, que a pesar de hundir Bankia, protagonizar la mayor quiebra
financiera de la historia de nuestro país y estar imputado por ello, ejerce
actualmente como consejero de Telefónica y del Banco de Santander. Pero no
solo, pues para demostrar un poquito más la soberbia de este personaje, hace
apenas una semana fichó por el consejo de
administración de Servihabitat, la inmobiliaria fundada por La Caixa
para vender, entre otros, los miles de pisos de familias desahuciadas.
Caso parecido
el de su colega Ángel Acebes, ex ministro también en la época de Aznar, que
tras participar activamente en la debacle de Bankia como vocal de su consejo de
administración, fichó por Iberdrola para cobrar, según El Economista, 72.500 euros al mes.
Pero son muchas más bocas ex políticas las que comen de Iberdrola. Por ejemplo,
Manuel Marín, que fuera presidente del Congreso en la etapa de Zapatero,
preside su Fundación o Juan Maria Atutxa, ex consejero de Interior del Gobierno
vasco, es a su vez consejero de la eléctrica.
Y cómo
olvidarnos de Josep Piqué. El que fuera ministro de Exteriores y de Industria
del Gobierno de Aznar consiguió en 2007 un suculento cargo como presidente de
la compañía aérea Vueling. En agosto de 2013, con la empresa en una delicada
situación abandonó el cargo tras venderla a International Consolidated Airlines
Group, grupo formado por la unión de British Airways e Iberia. Pero, ¿creéis
que está en paro? Qué va, un mes más tarde, el 1 de octubre de 2013, Piqué fue nombrado CEO y
vicepresidente segundo del todopoderoso grupo constructor OHL.
La lista es tan
amplia (Josep Borrell en Abengoa, Marcelino Oreja en Enagás, José Folgado en
Red Eléctrica Española, Josu Jon Imaz en Repsol, Antonio Basagoiti en el Banco
Santander, Jordi Sevilla en PricewaterhouseCoopers…) que no acabaríamos nunca.
Aun así, Wikipedia recoge un amplio elenco que
cada día crece un poquito más.
¿Y no hay castigo?
Es la gran
pregunta que todos nos hacemos. ¿No se puede castigar a los ex políticos que se
aprovechan de su cargo para acceder a sueldos multimillonarios en las empresas
privadas a las que han tratado con mimo desde su sillón público? En países como
Francia, el allí conocido como “pantouflage”, está penado con dos años de
cárcel y 30.000 euros de multa. Una pena leve, aunque extremadamente elevada si
la comparamos con la Ley de Incompatibilidadesde
nuestro país. Según esta ley, los altos cargos que abandonen su puesto tienen
un periodo de dos años en los que existe una serie de limitaciones para fichar
por empresas privadas. Pero no tienen más que presentar “ante la oficina de
conflicto de intereses” un informe acerca de las actividades a realizar.
Además, se les pide que se inhiban de realizar cualquier actividad que guarde
relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público que hayan
ocupado. ¿Sanciones? Las mínimas. Las más graves pasan por perder la pensión
vitalicia que recibe todo ex cargo público y por imposibilitar al culpable a
trabajar para la administración entre 5 y 10 años. Vamos, minucias.
Además, existen
muchas tretas para evitar este veto de dos años. Por ejemplo, Elena Salgado
fichó por Endesa, pero en su filial chilena y Basagoiti por el Banco Santander,
pero en su sede mexicana. Para más inri, como decía al principio, el gobierno
de Rajoy ya plantea flexibilizar esa ley para reducir ese margen de dos años.
En definitiva, una legislación suave que permite a los políticos españoles (sea
cual sea su color político) defender a las grandes empresas y sus objetivos de
expansión por muy poco loables que sean. Legislan por y para ellos, para estas
grandes compañías y para ellos mismos, pues saben que antes o después recibirán
algún premio por el buen trato dispensado. Hace muchos años que los políticos
españoles dejaron de trabajar por los ciudadanos, por ayudar a una sociedad
cada vez más empobrecida. Solo miran su bienestar personal. Sin embargo, la
sociedad no les castiga y les sigue apoyando elección tras elección. El próximo
ejemplo se dará sin duda en las elecciones europeas de mayo.
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