España apenas tramita el 1%
de las solicitudes de derecho de asilo en la Unión Europea. De ese mínimo
porcentaje solo se aprueba el 22%. Todo esto es fruto de una serie de políticas
que imposibilitan a los refugiados acceder al territorio nacional o solicitar
asilo en las embajadas, que restringe la movilidad de los solicitantes y que
exige visados de tránsito. En definitiva, se podría decir que nuestro país no
respeta el derecho de asilo
Más de 50 millones de personas se encuentran desplazadas forzosamente de
sus casas a causa de guerras, conflictos y violación sistemática de los
derechos humanos. De todas ellas, solo 435.000 se atrevieron a pedir derecho de
asilo en la Unión Europea en 2013. En España, un raquítico 1% de ese total:
4.502. Y solo salió adelante el 22% de las solicitudes (990). En la UE el
porcentaje es un poco más alto, el 34,5% (150.000 casos favorables), gracias a
la gran labor de Alemania y Francia, que en 2013 acogieron a más de 76.000 y
61.000 personas, respectivamente. Es decir, el cuello de la botella se estrecha
al cruzar la frontera europea y prácticamente desaparece al llegar a España.
Que un país como el nuestro acoja a menos de 1.000 personas al año que piden
derecho de asilo porque su vida corre peligro en su país de origen es alarmante
e inhumano. En definitiva, España no respeta el derecho de asilo.
Es el claro ejemplo de la hipocresía del “primer mundo”, pues son quienes
impulsan gran parte de las guerras civiles que estallan en el mundo y, a su
vez, son quienes menos refugiados acogen. De hecho, en contra de lo que
podríamos pensar, son los países pobres quienes más se solidarizan con quienes
huyen de los territorios en conflicto: ocho de cada diez refugiados residen en
países en desarrollo. Solo Alemania se cuela en un listado que encabezan
Pakistán, Irán, Kenya y Etiopía. Un grupo de países de acogida a los que se
suman desde hace unos meses Jordania y Líbano, que están abriendo las puertas
de sus fronteras a miles de familias sirias que están abandonando sus
casas.
“El derecho de asilo está amenazado por la violación de derechos
fundamentales al ver en las fronteras como los derechos humanos se violan
constantemente”, asegura Estrella Galán, secretaria general de la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Vallas, concertinas y ataques
violentos con material antidisturbios a las personas que pelean por mejorar su
condición de vida son los baluartes de la política migratoria de la Unión
Europea, basada más en la seguridad que en los derechos humanos.
Manipulación mediática
Y mientras tanto, los medios de comunicación se hacen eco de las
declaraciones institucionales, que difunden “un discurso alarmista e
irresponsable y que ofrecen datos que no se corresponden a la realidad”,
asegura Estrella Galán de CEAR. Unas soflamas que solo sirven para fomentar el
racismo y romper la cohesión social que existe en nuestro país.
Es más, la manipulación también se hace patente en su intento de dar hoy
una imagen totalmente contraria a la que ofrecían antes de las elecciones
europeas. En la memoria colectiva quedará para siempre la portada de El País del 17
de febrero donde alertaba que 30.000 subsaharianos preparaban el salto a Europa
por Ceuta y Melilla. Palabras que disparan balas,
que alertan de un supuesto peligro que realmente no existe. Sin duda, el
Gobierno estaba dispuesto a justificar las inhumanas cuchillas en la valla de
Melilla y utilizó al diario con más tirada para conseguirlo. CEAR puso el grito
en el cielo y alertó de que la mayoría de los inmigrantes que intentaban saltar
la valla cumplían las condiciones para ser tratados como refugiados. “Los que
llegan a Ceuta y Melilla no están siendo autorizados para cruzar a la Península
y son detenidos y privados de su libertad de circulación”. El derecho de asilo
ni se estudia en estos casos y se trata al inmigrante como una amenaza que
quiere acabar con la tranquilidad de occidente.
Sin embargo, esa posición ha cambiado después del 25 de mayo. Hace apenas
unos días, Televisión Española ‘informaba’ de que en 2013 habían aumentado un 74% las
solicitudes de asilo en España. Un dato cierto, pero olvidan indicar
como se decía al principio que solo se aprobaron el 22%. Y peor todavía, no
recordaban que en 2012 las solicitudes de asilo en nuestro país alcanzaron un
mínimo histórico: la cifra más baja en 25 años, desde que se realizan los
registros. En definitiva, aumentar ese registro era sencillo y aun así, España
solo tramita el 1% de las solicitudes de toda Europa.
Una carrera de obstáculos
Pero el problema va más allá. Estas cifras nefastas son el resultado de un
sistema concebido para evitar las solicitudes y restringir después las que son
aceptadas. “España ha puesto en marcha ciertas estrategias que no tienen otro
fin que evitar la otorgación de protección internacional a las personas
refugiadas”, indica Estrella Galán. Para ello, retrasan sin justificación
alguna la resolución de las solicitudes “a la espera de que se solucionen los
conflictos en los países de origen” o exigen visados de tránsito a las personas
que solicitan este derecho. Una práctica que es totalmente ilegal, pues hasta
el propio Tribunal Supremo se pronunció para pedir mayor celeridad en las
resoluciones y que se estudiaran según la situación del país del solicitante en
el momento en que pidió el asilo.
Por desgracia, muchos de ellos acaban en los Centros de Internamiento de
Extranjeros, donde comparten celda con otros migrantes a la espera de ser
expulsados, más de la mitad de ellos sin ningún tipo de antecedente
penal. Su único delito: una falta administrativa que está golpeando
a mujeres embarazadas, personas enfermas, refugiadas o explotadas sexualmente
por igual.
Como bien resume el activista e investigador Gonzalo Fanjul, para un
individuo que huye solo o con su familia de una persecución violenta en su país
de origen, “el reconocimiento de asilo en España se ha convertido en una
verdadera carrera de obstáculos”: imposibilidad de acceder al
territorio nacional o de solicitar asilo en las embajadas, imposición de
visados de tránsito para acceder a países más garantistas como los nórdicos,
restricción de la movilidad de los solicitantes (especialmente en Ceuta y
Melilla) y periodos interminables de resolución del expediente (muy por encima
de los seis meses que establece la ley).
En algunos casos la situación es sencillamente kafkiana: “los ciudadanos de
Costa de Marfil tienen sus expedientes congelados a la espera de la resolución
del conflicto de intensidad variable que azota a su país desde hace una
década”. Es decir, como si una declaración de paz o de alto el fuego
reconstruyera por arte de magia todas las zonas devastadas y borrase todos los
conflictos y hostilidades generadas.
La Unión Europea, concebida como una fortaleza, ha potenciado alianzas
fronterizas con países que vulneran sistemáticamente los derechos
fundamentales. Como por ejemplo Marruecos que ya no solo controla a los
saharauis, abandonados a su suerte por Francia y España en un territorio hostil
que no da ninguna opción a sus ciudadanos, sino que también expulsa sin
miramiento a los subsaharianos que cruzan sus fronteras en busca del ansiado
sueño europeo. Da igual que sean víctimas de la trata de seres humanos, que
estén amenazados de muerte por sus países o que sean apatridas.
En definitiva, vallas, concertinas y una política migratoria centrada en la
seguridad y sin respeto alguno por los Derechos Humanos. Personas que deambulan
de un lugar a otro sin saber a dónde ir. Rechazadas por todos los Estados,
olvidadas. En los últimos 20 años, más de 20.000 personas han fallecido
intentando llegar a Europa por el Mediterráneo. Son almas errantes que no preocupan
a nadie y que mueren mientras intentan ser reconocidas por alguien. Y mientras
tanto en España nos aseguran que ellos son el problema…
Consulta más información sobre la situación de
los refugiados a nivel mundial en la infografía La
invisibilidad de los refugiados
Publicado en Melior.is
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