Marinaleda: La utopía real

En la provincia de Sevilla, a 108 kilómetros de la capital, existe un pequeño municipio de 2.700 habitantes, Marinaleda. Seguro que muchos de vosotros habréis oído hablar de él, pero estoy seguro de que otros tantos lo escucharéis por primera vez. Tuve constancia de la existencia de este pueblo hace varios años y, desde entonces, nunca ha dejado de sorprenderme. También es cierto que son muchos los detractores del sistema que se emplea allí, así que voy a contaros un poco por encima en qué consiste para que podáis opinar acerca de él.

¿Es Marinaleda una utopía hacia la paz? Al menos eso es lo que reza en su escudo. Pero les dejo unos datos antes de empezar: bañarse en la piscina cuesta 3 euros; la “hipoteca” de una vivienda, 15 euros al mes; llevar al niño a la guardería con comida incluida, 12 euros mensuales... 

¿Y esto cómo se consigue? Con años de lucha. Porque Marinaleda es un pueblo rebelde, revolucionario y que siempre ha salido a la calle a reclamar sus derechos. Todo comenzó en 1979. Por aquel entonces, su actual alcalde, Juan Manuel Sánchez Gordillo (en la foto de la derecha), que no tiene sueldo por su cargo, se presentó por primera vez a las elecciones por el CUT (Colectivo de Unidad de los Trabajadores – Bloque Andaluz de Izquierdas), acogido actualmente bajo las siglas de Izquierda Unida.

Marinaleda era un pueblo a la deriva. Sin trabajo y sin vida. Las grandes extensiones de tierra que circundaban el municipio pertenecían a poderosos terratenientes que las tenían en barbecho, sin darle uso alguno. Hasta que los vecinos no aguantaron más. Sánchez Gordillo consideró que tenía que poner de pie un poder contra el poder, un contrapoder que supiera oponerse a los muchos beneficios que tenía la burguesía para alcanzar los derechos que siempre se había negado a los jornaleros, vecinos de su localidad.

Tras ganar las elecciones, el nuevo alcalde puso en marcha un poder municipal con el objetivo de ocupar la tierra de forma pacífica para dar trabajo a los jornaleros. Pero para poder quitar las tierras al duque del infantado, que era el legítimo dueño, había que recurrir a una vieja ley olvidada en los cajones de la administración pública que decía que cuando se ponían nuevas tierras en regadío, a ese propietario se le podía expropiar buena parte de ellas. Las tierras del duque eran de secano, por tanto y tras repetidas huelgas de hambre por parte de los vecinos exigiendo trabajo, decidieron que la única solución era pasar al ataque.

En 1983, resolvieron que había que ocupar el pantano de Cordobilla para reclamar agua para regar la tierra. Allí estuvieron durante 30 días. Construyeron un campamento para poder refugiarse de la lluvia y del frío de aquel mes de marzo. Al final, decidieron enviar a un grupo de mujeres al Coto de Doñana que era donde estaba de vacaciones el presidente Felipe González. Rodearon la zona de descanso de González con paciencia y firmeza y, al final, el presidente no tuvo más remedio que citarles en La Moncloa y permitirles el uso del agua del pantano.

Ocupación de la tierra

Con esa victoria, los ánimos de los vecinos aumentaron, aunque también había muchos trabajadores de Marinaleda y de pueblos limítrofes que veían a los revolucionarios como utópicos antisistema. Pero siguió la lucha. En aquel lejano 1983 comenzaron a ocupar pacíficamente el cortijo de El Humoso, perteneciente al duque del infantado. Durante años, los vecinos recorrieron los nueve kilómetros de distancia entre el pueblo y el cortijo día tras día, cortaron carreteras y reivindicaron su derecho a trabajar la tierra.

Los enfrentamientos con jueces, Guardia Civil, Gobierno y con la incomprensión de otros muchos trabajadores se sucedieron sin descanso. En 1985, viendo que el Gobierno les ignoraba, decidieron enviar a un grupo de 90 mujeres a Sevilla para que se instalaran delante de la presidencia de la Junta de Andalucía. Fueron detenidas y puestas en libertad durante nueve días seguidos, pero no cesaron en su lucha.

Nunca se cansaron. Más huelgas de hambre, más ocupaciones...  Pasaron los años y a principio de los 90’ aprovecharon que la Expo de Sevilla se acercaba para trasladar de nuevo sus quejas a la ciudad del Guadalquivir. Los vecinos de Marinaleda fueron expulsados con contundencia, pero el corte de avenidas en Sevilla tuvo su recompensa. Pocos meses después, el nuevo consejero de Agricultura se comprometió a cederles las 1.200 hectáreas de tierra que reivindicaban desde hacía casi una década. Habían ganado su lucha. Se organizó entonces el trabajo colectivo mediante la creación de una cooperativa popular, y la explotación de una tierra que hasta entonces era en gran parte baldía. 

Industrialización

Más tarde, cuando vieron que con la tierra no era suficiente para acabar con el paro decidieron crear industrias. Primero fue la del pimiento, luego la de la alcachofa y más tarde las de las habas y el aceite. Este salto cualitativo en la producción industrial era también propiedad colectiva de todos los obreros. Hoy apuesta también por la aceituna de mesa, entre otros productos de la tierra.

Marinaleda ha seguido creciendo siempre conforme a sus ideales. Los jóvenes que no quieren estudiar más allá de lo obligatorio, se inscriben a módulos de albañilería, carpintería, fontanería... para aprender un oficio. Pero esos oficios no se aprenden en un instituto, sino que su trabajo se hace en la calle, restaurando edificios o construyendo viviendas para el resto de los vecinos.

Porque en Marinaleda funciona la autoconstrucción, ya que desde que comenzó su particular lucha, la vivienda digna ha sido una obsesión. Primero expropiaron y municipalizaron miles de metros de tierra en los alrededores del municipio. Una vez conseguido el suelo, reivindicaron ante el Gobierno Central y el Autonómico dinero para hacer viviendas. El suelo, una vez municipalizado, lo ceden gratuitamente al autoconstructor. También ceden los materiales, gracias a una serie de convenios firmados con la Junta de Andalucía y obras del P.E.R. (Plan de Empleo Rural).

El municipio aporta también albañiles para que dirijan estas obras y el proyecto técnico de viviendas lo realizan arquitectos municipales. En este proyecto pueden participar activamente los autoconstrucotres para rectificar o modificar aquellas cosas que quieran mejorar de sus viviendas. Por último, el autoconstructor, reunido en asamblea, decide colectivamente el precio que va a pagar por una vivienda al mes. Las últimas en construirse tienen fijado una cuota de de 15 euros mensuales.

Es decir, el ayuntamiento regala el suelo, pone los albañiles, los materiales y el autoconstructor pone su trabajo y paga entre 15 y 30 euros al mes según la vivienda que se le ceda. Porque como dice su alcalde, el único requisito para tener una casa en Marinaleda es no tener un techo y tener ganas de trabajar. “La vivienda es un derecho y no una mercancía”, añade.

Sistema asambleario

El municipio funciona mediante asamblea. Los vecinos se unen varias veces al mes en un recinto para votar por mayoría las decisiones que toman entre todos y para seguir con las reivindicaciones que crean oportunas. El alcalde dirige el debate y el pueblo vota y aprueba las medidas a tomar. Es decir, como si en una ciudad como Yecla los vecinos de cada barrio se juntaran de vez en cuando para decidir por mayoría qué quieren o no que se haga en su localidad, trasladando después esas decisiones al pleno del Ayuntamiento. ¿Se lo imaginan?

Pues así funciona Marinaleda. ¿Utopía? No lo sé, pero funciona. ¿Otro mundo es posible? Quizá. Sólo sé que en las decenas de documentales que se encuentran en Youtube ningún vecino se queja. El alcalde barre en las elecciones y la oposición se resigna. Además, hoy en día, El Humoso es una marca de aceite de calidad, que incluso vende por Internet. De ahí han salido ocho cooperativas agrarias y una de transformación. Y todos los vecinos cobran lo mismo: 40 euros al día, ya sea el encargado de la oficina, el albañil o el que está en el campo.