Que en
España la transparencia brilla por su ausencia es algo que se escapa ya a pocos
ciudadanos. Los escándalos que están saltando a la luz en los últimos tiempos –Bárcenas, los eres, Noos…- así lo corroboran. Aquí
–siempre presuntamente, eso sí- ha robado hasta el apuntador y los bolsillos de
unos y de otros se han llenado con montones de dinero. Y cuando los pantalones
han rebosado, se han abierto cuentas en Suiza o lo han plantado en medio del
monte para poder seguir robando a espuertas.
Para
intentar poner freno a esta trama corrupta de la que muy pocos se libran, el
Partido Popular lanzó un proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que, aunque llegó al Congreso en septiembre pasado, todavía sigue
dando vueltas de un lado a otro sin que se debata con seriedad. De hecho, desde
entonces se han encadenado20 ampliaciones sucesivas del plazo para la presentación de enmiendas y se ha procedido a
fijar una lista de ocho comparecencias que se cerraron en febrero. Por suerte,
esta semana concluye el plazo de enmiendas a la norma y su debate en ponencia y comisión
comenzará en mayo.
Según este
borrador, la Ley de Transparencia tendrá un triple alcance: incrementar y
reforzar la transparencia en la actividad política, reconocer y garantizar el
derecho de los ciudadanos al acceso a la información y establecer las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables políticos, así
como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Sin embargo,
dos pilares fundamentales quedan fuera de esta futura ley: los lobbies
–organizaciones de intereses y altamente influyentes- y los medios de
comunicación. Como era de prever, la Casa Real también está
excluida. En palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Gobierno,
esto se debe a que ninguna de estas instituciones o entidades “está dentro de
la Administración pública”, que será a quien afecte exclusivamente esta
normativa.
Papel
mojado
¿Es tan
completa esta ley como para poner fin a la falta de transparencia, el
trapicheo, la picaresca y la ilegalidad? En un Estado donde prima la
gobernabilidad sobre la garantía de representatividad, va a ser realmente
complicado una ley tan completa, por ello, en esta reforma no se regulan
algunos aspectos que son prioritarios. El imperfecto bipartidismo o las listas
cerradas y bloqueadas para las elecciones sirven para que quienes controlan los
dos grandes partidos, controlen a su vez todos los órganos representativos.
Este Presidencialismo, especialmente cuando hay mayoría absoluta en el poder,
da primacía al poder ejecutivo sobre el legislativo, además de que da potestad
para que el Gobierno elija a los miembros superiores de organismos públicos
como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo,
el Banco Central o la Fiscalía General del Estado. Por tanto, si la ley de
Transparencia no regula todo esto, ¿de qué sirve?
Dejar fuera de
esta legislación a los medios de comunicación también supone un problema
mayúsculo, especialmente si se tiene en cuenta que son estos dos partidos
mayoritarios quienes conceden las licencias de emisión. La pluralidad no está
garantizada, pues no están representadas en el sector audiovisual todas las
ideologías del espectro político. Aunque existen multitud de medios y variedad
de contenidos, solo se asientan en dos ejes ideológicos muy concretos.
Finalmente,
tampoco hay que olvidar el poco control que existe y existirá para las grandes
empresas. Hay que tener en cuenta que la regulación del sector depende de los
gobiernos y, además una parte muy importante de su negocio procede del sector
público. Por tanto, no es extraño que estas empresas tengan relaciones
cordiales con los grandes partidos y que colaboren en la opaca financiación
privada de estos sin que haya ningún tipo de control público.
Por eso, estoy
seguro de que ninguno de los dos grandes partidos tiene interés alguno en
mejorar profundamente el estado de las cosas, pues, aun cuando al ser oposición
les interese cambiarlas, tan pronto llegan al poder, olvidan sus promesas y
quien pasa entonces a ser oposición tiene poca legitimidad para reclamar todo
lo que no ha hecho durante su mandato.
Todo esto
además se enmarca en un marco de cultura cívica caracterizado por la
desconfianza institucional y la baja implicación ciudadana. Aunque los
políticos y la corrupción son el segundo problema que más
preocupa a los españoles –solo por detrás del desempleo-
todavía no existe una repulsa activa y mayoritaria a las deshonestas acciones
que nuestros políticos suelen protagonizar. Igualmente, los cambios que
necesita España chocan con los intereses de los dos grandes partidos, por eso
promueven una creencia de fondo que asegura que si estos cambios se producen,
la gobernabilidad entraría en serio peligro, algo innecesario e irresponsable
puesto que para salir de la crisis hace falta “estabilidad, eficacia y orden”.
Lo que
obvia la ley
En
definitiva, para que esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno tuviera la
efectividad que aseguran buscar con su aprobación, debería ser mucho más
exigente. Según el último ránking publicado por la ONG Transparency International, España estaría en el puesto 31 de los países más corruptos del
mundo, al nivel de Botwsana o Bután. Por ello, esta ONG publicó un informe
donde explica brevemente cuáles deberían ser las reformas más urgentes para
ganar en transparencia en nuestro país:
• En primer
lugar, debería existir un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre
gobierno, partidos políticos, las ONG, sindicatos, asociaciones empresariales y
medios de comunicación, que priorice la correcta aplicación de las normas ya
existentes y que, a su vez, genere medidas que refuercen las sanciones y
aseguren la independencia de los órganos encargados de luchar contra la
corrupción y el control del gobierno.
• Ligado con
este primer punto, es fundamental que los partidos políticos mejoren la
normativa de financiación y aseguren un organismo supervisor independiente que
se encargue de controlarla. Los partidos reciben gran cantidad de dinero
público, por lo que deben de estar obligados legalmente a hacer públicas sus
cuentas de manera detallada, puntual y fácilmente comprensible para los
electores.
• Asimismo,
habría que modificar el sistema de listas cerradas y bloqueadas por uno de
lista abiertas, así como trabajar en mejorar la formación e información de los
electores.
• Impulsar la
democracia interna en los partidos y obligar a la celebración de primarias para
evitar su oligarquización.
• Despolitizar
el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal
Constitucional, así como otras instituciones como el Defensor del Pueblo o la
Fiscalía General del Estado. La politización actual es un grave problema para
la integridad del sistema. Habría que establecer criterios claramente
meritocráticos y objetivos para ocupar esos puestos y no los actuales, más
cercanos al nepotismo y al amiguismo político.
• Aprobar una
verdadera Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la
transparencia de nuestras instituciones públicas, además de otras medidas
tendentes a mejorar la receptividad, la accesibilidad, la participación y la
colaboración ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.
• Crear una
Dirección Pública profesional que garantice la calidad de los nombramientos en
los cargos hasta Director General y la protección frente a ceses partidistas
por cambios en el poder. Es vital reducir los nombramientos y ceses ‘a dedo’ en
la Administración Pública.
• Por otro
lado, sería esencial aprobar una Ley de Protección al denunciante de
corrupción, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial y regular
las actividades del lobby de acuerdo a las guías de la OCDE.
Por tanto,
mientras no se redacte una ley que recoja todos estos principios básicos, no se
podrá hablar de transparencia en nuestro país. “La información que tiene el
poder debe ser pública porque es de todos. Los ciudadanos tienen derecho a
conocer en qué se gastan los fondos públicos”, afirma Emilio Guichot, doctor en
Derecho Público. Sin embargo, el redactado actual
de la norma, que se encuentra en pleno trámite parlamentario, está muy lejos de
ser un instrumento efectivo que permita el acceso real de los ciudadanos a la
información sobre todos los órganos y administraciones públicas y las empresas
subvencionadas o adjudicatarias de contratos. Sin embargo, parece que esos dos
grandes partidos, PP y PSOE, no están por la labor de que todos sus irregulares
tejemanejes salgan a la luz pública. Lógicamente, a ellos les viene muy bien
tanta opacidad.
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