El PP de Yecla aprovecha su mayoría absoluta para
apoyar una reforma electoral que daría plenos poderes a la lista más votada de
cada ayuntamiento
Desde tiempo inmemorial, ha sido estrategia gubernamental aprobar o al menos presentar duras reformas durante el periodo estival. Se creen que con sol, baño y descanso los golpes duelen menos. Algo así debió pensar Mariano Rajoy cuando a finales de julio hizo pública su propuesta de modificar la ley electoral para impulsar la denominada elección directa de alcaldes. Durante el último mes, el debate ha sido constante, pero el Gobierno apenas ha argumentado en qué consistirá esta reforma que, aunque ellos la presentan como una medida de regeneración democrática, cada vez somos más quienes pensamos que es un paso atrás en cuanto a control ciudadano se refiere. A grandes rasgos, esta medida defiende que debiera ser alcalde la persona más votada -siempre que alcance el 40% de votos- porque, según sus argumentos, no es razonable que un partido pueda quedar cercano a la mayoría absoluta y, sin embargo, perder la alcaldía por la unión del resto de formaciones. Para lo que Rajoy es una injusticia, para muchos analistas no es más que democracia. Y como no podía ser de otra forma, Marcos Ortuño, que ve peligrar su asiento en las municipales de 2015, se ha subido al carro sin rechistar.
Con esta polémica medida, Rajoy hace visible las dificultades que tiene el Partido Popular para negociar y llegar a acuerdos tácitos con otras formaciones políticas. En lucha constante –aunque testimonial en muchos casos- con PSOE y UPyD y en enfrentamiento ideológico directo con Izquierda Unida y Podemos, el PP se encuentra solo ante el peligro, escorado a la derecha, y con ningún apoyo que pueda asegurarle una mayoría que serviría para seguir impulsando las reformas y privatizaciones que tanto están afectando a la ciudadanía. Además, con el fracaso de Vox y el resquemor que también despierta en Ciudadanos, el PP está aislado. Por eso ha decidido mover ficha: si Mahoma no va a la montaña…
Ante la más que premonitoria caída del bipartidismo, hundido a base de recortes, mentiras y corruptelas, el Gobierno popular se muestra firme en su intención de aprobar esta antidemocrática reforma aun sin el apoyo del resto de formaciones. Elauge de Podemos que está desbancando el monopolio bipartidista de PP y PSOE asusta a los dos grandes porque, aunque los socialistas se oponen ahora a la reforma propuesta por el Ejecutivo, la defendieron tiempo atrás y, les guste o no, también saldrán beneficiados, al igual que los partidos nacionalistas. Sin duda, los grandes perjudicados serán UPyD, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos, que empieza a expandirse con fuerza por todos los rincones de España… En definitiva, fuerzas minoritarias en auge, especialmente la encabezada por Pablo Iglesias, y llamadas a tener la llave de gobierno en muchos ayuntamientos de España en las elecciones municipales de 2015.
Por eso, no cabe duda de que convertir en alcalde al cabeza de la lista más votada, otorgándole una mayoría absoluta “a capón” supondría dinamitar el sistema de representación proporcional que rige todas nuestras instituciones, un sistema que tampoco es justo y que debería ser reformado hacia delante, no hacía atrás como pretende Rajoy. Y es que su reforma equivaldría a convertir en votantes de segunda a quienes no estén dispuestos a pasar por el aro del bipartidismo. Es decir, con esta medida el Gobierno intenta castigar a la ciudadanía que ha optado por romper con el modelo PP-PSOE y obligarles a volver a esa supuesta senda que nunca debieron abandonar, dirigida por un nutrido grupo de corruptos, que trabaja más por su bienestar personal que por el bien común de la ciudadanía. Si la reforma se aprueba, apoyar a partidos como Izquierda Unida, Ciudadanos, Podemos, UPyD o cualquier candidatura local independiente sería poco menos que tirar el voto (a no ser que se sumen al PP como ya hizo ALCEY hace cuatro años o al PSOE, como hizo AYI por las mismas fechas).
Si al menos se hablara de elecciones primarias o de listas abiertas, el mal podría ser menor, sin embargo todo parece indicar que será la cúpula quien elija al número uno de cada formación y que la ciudadanía tendrá que votar una lista cerrada, sabiendo de antemano que gobernará la que tenga más votos, aunque apenas supere el 40% de apoyo. Es decir, el hecho de que los alcaldes puedan ser elegidos por mayoría simple es una aberración porque empeora todavía más el sistema actual desde un punto de vista democrático, pues podría obtener la alcaldía una fuerza que tuviese un rechazo mayoritario. Asimismo, parece que la reforma no se va a ceñir solo a ayuntamientos, pues la idea de Rajoy es aplicarla en aquellas comunidades donde su mayoría absoluta peligra, como la Región de Murcia. Cualquier triquiñuela es buena para no perder el sillón.
¿Por qué esta reforma?
En febrero de 2013, Mariano Rajoy aseveró que no aprovecharía su mayoría absoluta para modificar la ley electoral:“Todos los sistemas electorales son opinables y discutibles, y por supuesto que se puede modificar la ley electoral española, pero lo más importante es que cualquier modificación se haga con un gran consenso”, dijo entonces. “Yo nunca modificaré la Ley Electoral por mayoría”, concluyó (y mintió, como casi siempre). Año y medio después, tras el batacazo del bipartidismo en las elecciones europeas y el gran despegue de Podemos, la estrategia del presidente parece haber dado un giro de 180 grados. Ya no se esconde: Su objetivo es sustentar el sistema bipartidista para poder seguir adelante con las reformas que impone Europa y el FMI.
No cabe duda que con el auge de Podemos y del resto de formaciones minoritarias, el PP ve peligrar la privatización de servicios públicos en los municipios, una estrategia que ha sustentado y justificado el resto de reformas a nivel nacional y que ha tenido por protagonista a servicios como el de recogida de basuras o el de suministro de agua. (Se ve que lo rentable es pagar tres millones de euros a La Generala). Y es que perder el poder local podría dar marcha atrás a estas impopulares privatizaciones. Por eso, reforzar la ley en su propio beneficio no solo dejaría al PP vía libre para seguir adelante con las reformas, sino que también evitaría el control fiscal de la oposición y blindaría la posibilidad de plantear mociones de censura o revocatorios. En definitiva, lo que quiere el PP –y probablemente el PSOE aunque intente disimularlo- es que el sistema funcione con los menores riesgos posibles. Por eso, es responsabilidad de toda la ciudadanía mostrar su rechazo ante esta injusta reforma caciquil que pone en peligro la sana pluralidad y restringe sobremanera el juego democrático de nuestro país y a la que, como era de esperar, Marcos Ortuño y sus concejales se han unido sin reparo alguno.
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