Mi experiencia boliviana me hizo aprender
que no todas las sociedades son tan sumisas ni conformistas como la nuestra. Allí,
la gente se queja, grita y echa a los gobernadores que no cumplen con su
palabra
Pero si Bolivia funciona bien no es tanto
por su gobierno, sino por su gente. Está claro que la ascensión de Evo Morales
al poder, primer presidente indígena en un país donde el 62% de la población lo
es, resultó, más que lógica, esperanzadora. Si bien el presidente andino no ha
cumplido con las expectativas que lo llevaron al poder, ni ha realizado esos
cambios radicales que prometió, sí es cierto que Bolivia ha cambiado
drásticamente en los últimos años. Especialmente, en las zonas rurales. Es
lógico entonces comprender a las personas que viven en la capital o en las
grandes ciudades, las cuales han perdido el protagonismo de antaño en pro de
los campos, mayoritariamente indígenas, donde por fin han llegado servicios tan
básicos como agua potable, luz eléctrica, hospitales y escuelas. A algunas
zonas rurales, llega ya hasta alguna carretera asfaltada. Es decir, en materia
social, y tras mucho preguntar, pocos han sido los bolivianos que han podido
negarme este avance.
Sin embargo, el Evo, como allí lo llaman, ha metido la pata hasta el garrón en más de una y de dos ocasiones. Para gobernar, me decía un buen amigo cochabambino, el presidente tiene que tender lazos cordiales hacia el narcotráfico y las petroleras. Es la única forma, probablemente, de que no reciba un disparo en la sien. Pero también se ha empezado a corromper. “Eso es lo que más nos duele, se está convirtiendo en un tirano”, me decía unacholita en La Paz, es decir, una indígena aymara que vino del campo a la ciudad para poder sobrevivir. De hecho, el presidente boliviano ha triplicado su patrimonio en los últimos seis años. Al asumir su cargo, en octubre de 2006, el presidente reconoció un patrimonio de 779.423 bolivianos (unos 87.000 euros), cifra que, según su última declaración a la Contraloría General, ha ascendido a los 2.684.100 bolivianos, es decir, algo más de 300.000 euros. “Maravillas del socialismo a la boliviana”, ironizó un diputado de la oposición.
El presidente justificó ese aumento de
patrimonio personal en los cientos de ponchos que –asegura-, le regalan por
todo el país. “Cada poncho de confección artesanal vale unos 200 dólares, en la
casa debo tener unos 500”, explicó. De ahí los 100.000 dólares que dice que
cuesta su colección. “¿Yo que puedo hacer si la gente regala y regala?”,
manifestó. Para Amanda Dávila, ministra de Comunicación, la explicación era
otra. “Los bienes de Evo se han revalorizado desde que es presidente”, aseguró
ella. En definitiva, justificaciones pilladas con pinzas que no disimulan
apenas el enriquecimiento a marchas forzadas del presidente. Aun así, el apoyo
sigue siendo mayoritario. “Nunca antes hubo un gobierno tan dentro del campo y
de las zonas rurales”, me explica Miguel Llanque, de Casa Taller. “Hasta no
hace muchos años, había pueblos fronterizos con Chile que querían abandonar
Bolivia”. Y tiene razón. Pero ahora, esos pequeños pueblos tienen fábricas
nacionales, agua y luz. La gente de las provincias está agradecida con esa
gestión. “Aun así, si él se va, ¿quién vendrá? Lo que venga, siempre será
peor”, me explicaba la cholita paceña que poco antes le criticaba con fiereza.
Otro importante conflicto que tiene
abierto el presidente es con los represaliados por las diferentes dictaduras
que asolaron el país desde 1964 a 1982. Desde hace más de nueve meses, muchas
de estas víctimas, la mayoría con edades bastante avanzadas, acampan frente al
Ministerio de Justicia reclamando el cumplimiento de la Ley 2640 que Evo apoyó
en la oposición, pero que rechazó una vez que estuvo al frente del gobierno,
aplicándola solo sobre un número reducido de víctimas y no sobre el total de
los represaliados por todas las dictaduras militares. Según me aseguran en este
campamento, donde ya han fallecido algunas de las personas que permanecían en
la vigilia, solo 1714 personas van a cobrar lo estipulado por la ley (una
escala de salarios mínimos según el tipo de represión sufrida). Por cierto, el
salario mínimo en Bolivia está en 915 bolivianos, es decir, unos 110 euros. El
tope que marca la ley es de 48.000 bolivianos (5.300 euros) que se debería dar
a los familiares de las personas fallecidas por la represión militar. “Al Evo
solo le interesan los cocaleros -productores de la hoja de coca y germen del
narcotráfico-, los cooperativistas mineros y el petróleo”, me aseguran en el
campamento.
Pero hay más. El otro gran conflicto al
que se enfrenta Evo Morales se encuentra en el TIPNIS (Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro-Secure). Esta área protegida boliviana, situada entre
los departamentos del Beni y Cochabamba, fue declarada territorio indígena en
1990 gracias a las importantes luchas reivindicativas que desarrollaron sus
habitantes. Sin embargo, actualmente, el primer presidente indígena del país
quiere acabar con gran parte de este territorio, transgrediendo incluso la
Constitución, para construir de manera ilegal una carretera sobre el TIPNIS,
que ocasionaría la mayor destrucción ecológica en la historia de Bolivia. Esto
ocasionaría un atentado a la vida y cultura de los pueblos indígenas que
habitan en ese territorio, así como la extinción de fauna y flora únicas en el
mundo. ¿Y por qué la dichosa carretera? Porque el TIPNIS se ha convertido en la
zona predilecta de los productores de coca. Los asentamientos campesinos
ilegales proliferan como hongos desde hace unos años y la colonización cocalera
se intensificó igualmente desde la llegada de Evo Morales al poder. Desde 2007,
el Ejecutivo y los cocaleros parcelan y privatizan esas tierras comunitarias,
obligan a los indígenas a sembrar coca y quieren construir esa carretera que
parte en dos al territorio para poder tener buena conexión con el exterior del
área protegida.
Pero Evo hace oídos sordos a las
protestas masivas, desarrolladas por todo el país, por su propio pueblo, el
indígena. De hecho, promulgó con una tiránica actitud la Ley 222 de consulta
del Tipnis para preguntar a los ciudadanos si querían o no la carretera. Una
consulta que no sea ajustado a los estándares de consulta previa que dicta la
ley boliviana y que, además, fue precedida de regalos, prebendas y promesas de
desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de “libre” y de “buena
fe” que ha de protagonizar cualquier consulta. Es decir, los indígenas fueron
fuertemente manipulados en beneficio de la producción de coca. La consulta giró
en torno a la disyuntiva de “intangibilidad o desarrollo”, presentando la
intangibilidad como la imposibilidad de utilizar cualquier recurso natural del
TIPNIS para la subsistencia de las familias indígenas. Es decir, Evo y su
gobierno entraron a la zona protegida asegurando que por culpa de esta
‘intangibilidad’ no podrían tener nunca acceso a salud, educación o turismo.
Asimismo, nunca se presentaron estudios
sobre los impactos ambientales, sociales, económicos o culturales que
produciría la construcción de una carretera por medio del Tipnis. A pesar de
todo, solo las comunidades cocaleras ilegales apoyaron la construcción de la
vía. La mayoría de las comunidades indígenas rechazaron la construcción de la
carretera. Por ello, el gobierno promulgó la Ley Corta 180 que designa al
Tipnis como ‘territorio intangible’, inhabilitando la construcción de la
carretera, pero también prohibiendo los acuerdos de los pueblos indígenas
tenían con algunas empresas madereras que explotaban el territorio, así como la
explotación de reptiles y el turismo no ecológico, que promovía la pesca en los
ríos que cruzan la reserva. Aun así, el debate sigue abierto en Bolivia, pues
los cocaleros colonizadores siguen en la zona y la explotación sigue adelante.
Además, bloquean el comercio con los pueblos indígenas y dificultan que lleguen
a estos poblados los productos de primera necesidad. El conflicto está
candente. Las amenazas han sido muchas. No hay duda de que parece difícil
liderar un movimiento indígena ‘rebelde’ en la zona donde Evo Morales inició su
carrera política.
La fuerza del pueblo
Pero si esa carretera se ha parado no es
por el buen hacer del gobierno. Si el Ministerio de Justicia se replantea
reestudiar la Ley 2640 de resarcimiento de víctimas de las dictaduras no es por
su solidaridad con las víctimas. Es porque el pueblo está unido y lucha. Se
enfrenta a sus gobernantes sin reparo. Cuando no están de acuerdo, toman las
calles. Pero no lo hacen de forma pacífica, sino que arman barricadas, y se
enfrentan directamente al ejército. Así cayeron sus dictadores, no
tranquilamente en una cama como ocurre en este, nuestro gran país civilizado.
Así es como los gobiernos democráticos posteriores han reculado con cualquier
ley que pudiera afectar a los ciudadanos, especialmente a aquellos más
humildes. El pueblo sale a la calle, se une y se enfrenta. Todos buscan el bien
común y no permiten que ningún gobierno de turno cambie ese objetivo.
Por eso, cuando hierve la ciudad de El
Alto, que bordea La Paz y la contempla desde 4.100 metros de altura, los
diferentes gobiernos se temen lo peor. Germen de revueltas populares, origen
del derrumbe de gobiernos y dictaduras, esta ciudad acoge una larga historia de
luchas sociales indígenas que, combinadas con la pobreza, las infraestructuras
precarias y el crecimiento desordenado, la convierten en un cóctel altamente
explosivo que alimenta de rebeldía a todos sus ciudadanos. “El Alto de pie,
nunca de rodillas”, se escucha en la ciudad. Solo así gana el pueblo.
Enfrentándose a quienes han votado, pero gobiernan contra sus pretensiones más
básicas. Evo tiene miedo. En las últimas elecciones ganó en El Alto por muy
poco. Ya ha perdido La Paz. Parece que el cambio se acerca…
Ojalá pasara aquí. Para mí, eso es
democracia. Eso es civilización. Y lo digo como lo siento. Lo demás: cobardía,
miedo y sumisión. Democracia es que un pueblo unido responda contra sus
gobernantes si estos les hacen la vida imposible. Si no les ofrecen ni las más
mínimas garantías de estabilidad. Pero no, aquí aguantamos, asumimos y callamos
porque somos civilizados. Qué va. Somos cobardes y confiados. Un atajo de
inútiles. El gobierno nos machaca a base de impuestos y recortes, pero muy
pocos respondemos. Pero somos civlizados. Somos demócratas. Pues nada, dejemos
que nos empobrezcan a marchas forzadas mientras ellos siguen viviendo en casas
de lujo, cobrando sueldos vitalicios y permitiendo a banqueros y corruptos que
sigan la misma estela. Estamos ciegos. Pero somos ‘civilizados’. Por mucho
menos, me decía un amigo boliviano, aquí ya habría barricadas en cada esquina.
1 comentario:
Criticar a Evo porque ha declarado un patrimonio de 50 millones de pesetas no me parece serio. Es como si tuviera una casa en Madrid. Esa cifra no es nada para ser un presidente. Muchos funcionarios bolivianos tienen mayor patrimonio, y por supuesto casi todos los presidentes latinoamericanos son mucho más ricos.
Lo único que demuestra es que ha salido de la pobreza de cocalero, normal que se haya multiplicado su patrimonio al pasar a ser presidente. Pero no se ha hecho millonario. Cualquier empresario boliviano gana más de eso en CADA ejercicio.
Incluso una residencia de lujo valdría más del doble de eso, en Bolivia. El presidente no podría comprarla, según tus datos.
Esa no es una crítica políticamente relevante, la verdad.
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