23 de julio de 2014

El TTIP condena al Estado de Bienestar

Las negociaciones secretas entre EEUU y la UE salen a la luz y confirman que los servicios públicos se incluyen también en el acuerdo de libre comercio. Saneamiento de aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la sanidad o la educación son algunos de los sectores que podrían ser objeto de privatización



En junio de 2013, la UE y EEUU comenzaron a negociar un Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (el TTIP en sus siglas en inglés). Desde el primer día, conservadores y socialistas venden los supuestos beneficios económicos, pero eluden los riesgos del TTIP. Unos riesgos que apenas se conocen puesto que la Unión Europea y EEUU negocian en secreto, ya que los 28 estados miembros firmaron un acuerdo para que la Comisión Europea pactara este tratado en secreto con EEUU. Esta opacidad informativa está ofreciendo una oportunidad única a las grandes multinacionales y a los lobbies para influir en la opinión pública, dejando así fuera de la negociación a los propios estados y a los ciudadanos que se verán afectados por el acuerdo. 

Pero, ¿qué es un tratado de libre comercio e inversiones? En resumen, este tipo de tratados bilaterales –o multilaterales- no pretende rebajar o eliminar aranceles, sino armonizar todas las regulaciones y criterios de todo ámbito, igualarlas y someterlas. Es decir, el Estado con más poder económico y mayor desarrollo de poder productivo somete a los demás firmantes a sus condiciones. Para Xabier Arrizabalo, profesor de Economía en la Complutense, “este TTIP trata de desmantelar todos los mecanismos que existen para proteger derechos laborales y para preservar ciertos segmentos para el capital nacional. Es decir, con este acuerdo, no solo pierden los trabajadores, sino también el pequeño y mediano capital no vinculado al sector financiero”. 

Pequeñas filtraciones
Las negociaciones se mantenían en secreto absoluto hasta que hace unas semanas la plataforma Filtrala, donde participan medios como Diagonal, eldiario.es, Mongolia y La Marea, publicó algunos documentos que demuestran que la UE está ofreciendo un nivel de profundidad sin precedentes en los compromisos que está dispuesta a asumir en la liberalización de servicios públicos para ofrecer a las multinacionales de EEUU acceso a los mercados europeos. 

En estos documentos se enumeran algunos de los servicios que la Comisión Europea está dispuesta a negociar con el Gobierno de EEUU. Saneamiento de aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la sanidad o la educación son algunos de los sectores que podrían ser objeto de privatización (liberalización). Y es que como han admitido ya funcionarios de ambas partes, la principal función de este tratado es eliminar las barreras que limiten los beneficios de las empresas multinacionales, verdaderas protagonistas de la negociación. En definitiva, lo que se negocia en el TTIP es la reducción y eliminación de las barreras existentes hoy en Europa y que sirven para proteger a sus ciudadanos en materia de derechos sociales, laborales y ambientales.

Sin duda, este es el motivo principal por el que la Comisión Europea y los EEUU han mostrado siempre tanto interés en negociar en secreto. Si los ciudadanos de la UE supieran lo que se juegan con este acuerdo se enfrentarían a su aprobación. Es más, tan precavidos han intentado ser que ambos actores piden que durante los próximos 30 años no se conozcan abiertamente los frutos del pacto. Las consecuencias negativas que tendría para las economías europeas y para las condiciones laborales solo beneficiarían a las grandes transnacionales, de ahí la celeridad en aprobar el TTIP, especialmente antes de que se puedan producir cambios políticos importantes en la Unión Europea. 

Ataque a derechos básicos
Los objetivos del TTIP, como el de cualquier acuerdo de libre comercio, pasan por disminuir las barreras arancelarias para el intercambio de bienes y servicios y la homogeneización –siempre a la baja- de la regulación relativa a esta circulación de bienes y servicios. Por ejemplo, en relación a la sanidad, la regulación europea es bastante más estricta que la vigente en EEUU, de modo que el TTIP presumiblemente afectará relajando (flexibilizando) la legislación en múltiples ámbitos, tales como la protección de la salud (controles sanitarios de alimentos, de medicamentos…), el ejercicio de las profesiones sanitarias o la inversión de empresas privadas en la prestación de servicios sanitarios. 

En resumen, los efectos que el TTIP puede tener en el sector sanitario son, principalmente, dos: Por un lado, incrementar la apertura y facilidades para que empresas aseguradoras de los Estados Unidos puedan implantarse en los países miembros de la UE, dotando sus inversiones de una mayor seguridad jurídica y disminuyendo la soberanía en la gestión de ciertos sectores por parte de los países de la Unión y, por otro lado, blindar los procesos de liberalización y privatización emprendidos en los últimos años en los países de nuestro entorno. 

Afirmar que estos serán los efectos del TTIP no es un ejercicio de adivinación, sino la consecuencia directa de observar quiénes han sido los que han diseñado e interferido en la redacción de sus medidas. Como se puede ver en la web de Corporate Europe Observatory, el 92% de las reuniones de la Comisión Europea fueron con lobbies empresariales privados, y solo el 4% con representantes de los intereses públicos; además, las empresas del sector sanitario y farmacéutico se encuentran en el top 10 de las que más presión han ejercido durante la redacción del TTIP.

En conclusión, se podría decir que este acuerdo de libre comercio va a desregularizar más las relaciones laborales, las medidas proteccionistas del medio ambiente y de la sanidad, porque la Unión Europea protege más estos ámbitos que EEUU y en este tipo de acuerdos siempre se negocia a la baja. Por este motivo, los defensores se centran exclusivamente en hablar del gran beneficio económico que resultaría del acuerdo, pero no explican sobre quiénes recaerían esos beneficios: unas empresas transnacionales cada vez más grandes y fuertes, que no creen en principios democráticos y que se sitúan por encima de los Estados y de cualquier tipo de control político.  

Por ende, el modelo social europeo está más amenazado que nunca, pues el TTIP va a llevarse por delante algunos de los pilares que han sustentado a la Unión Europea desde su creación. Ya no solo se pierde la soberanía nacional, sino que serán las multinacionales quienes rijan el devenir de nuestras vidas, fundamentando su plan de choque en teorías económicas liberales y no en principios sociales y de bien común. Los ciudadanos deberían pronunciarse sobre este TTIP, aunque PP y PSOE ya votaron en contra de que se consultara mediante referéndum. Asimismo, el Parlamento Europeo tendría que evaluar cuál es el impacto social, medioambiental y laboral de este acuerdo de libre comercio y también cómo afectará a la pérdida de privacidad de los europeos. Sin embargo, parece que tampoco va a tener opción de pronunciarse y, en caso de que finalmente pueda, el rodillo conservador que gobierna Europa no dejará ningún tipo de alternativa a este macro acuerdo económico que nace sin control democrático alguno y en exclusivo beneficio de las grandes economías de las dos superpotencias.

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