20 de noviembre de 2014

El drama de los sin techo en España

Aunque el estado cifra en 23.000 las personas que viven en la calle, Cáritas y otras ONG elevan la cifra a más de 40.000. Y todo ello sin contar el más de millón y medio de personas que vive en infraviviendas y chabolas. Sin embargo, el Gobierno no pone freno a esta injusta situación y el número de desahucios ha aumentado en lo que llevamos de año a pesar de la famosa ley hipotecaria que en 2013 aprobó el Ejecutivo a bombo y platillo



Aunque el gobierno intente convencer a la ciudadanía de lo contrario, no cabe duda de que los desahucios siguen a la orden del día. De hecho, según los datos presentados la pasada semana por el Banco de España, esta dura práctica volvió a aumentar en el primer semestre de 2014 con un avance del 17%, lo que equivale a 1.218 viviendas desalojadas más que el pasado año. Este nuevo repunte ha tenido lugar a pesar de la entrada en vigor hace ya un año de la famosa ley hipotecaria que, a pesar de su aplaudida aprobación, no ha servido de nada. 

En concreto, en los seis primeros meses de 2014 han sido desalojadas más de 26.500 familias de las que 17.472 sufrieron el desahucio ya que no pudieron llegar a ningún acuerdo con el banco. El resto, más de 9.000 casos, concluyeron con dación en pago. Además, según estos datos del Banco de España, el 73,7% de esas 25.549 viviendas entregadas de enero a junio, es decir, 19.565 propiedades, eran el domicilio habitual, lo que quiere decir que sus ocupantes se quedaron en la calle o a merced de amigos y familiares. 

Nos encontramos pues con otro de los grandes agujeros negros de este país: los sin techo. Familias desamparadas, abandonadas a su suerte, golpeadas por un sistema atroz que les obliga a abandonar sus viviendas y a quedarse sin nada. Este domingo, 23 de noviembre, es el Día Mundial de los “sin techo” y en la Fundación Melior hemos querido analizar la difícil situación por la que pasan estas personas olvidadas y alienadas. 

El primer problema real es que no existen datos concretos. Se saben que son decenas de miles las personas que viven en la calle en España, pero parece obvio que este tipo de datos son los que un Gobierno se aferra en esconder o, al menos en maquillar, especialmente con las elecciones a la vuelta de la esquina. De hecho, en abril de este año el Instituto Nacional de Estadística reconocía que había 23.000 personas viviendo en la calle (y una cuarta parte eran personas desahuciadas). Al poco, Cáritas Española salía al paso para elevar la cifra a más de 40.000, y eso sin contar el más de millón y medio de personas que vive en infraviviendas, es decir, en casas sin servicios mínimos (agua, luz…) ni ventilación adecuada. 

Para Rais Fundación, “las políticas de las distintas administraciones para abordar el fenómeno son disgregadas, dispersas y, en general, no están siendo capaces de frenar el aumento de este problema”. Asimismo, aseguran que muchos de los recursos dirigidos a estas personas “no cumplen los mínimos estándares de atención”. Aun así, los datos pueden ser todavía más alarmantes si se tiene en cuenta que en España hay más de 332.000 personas inscritas como solicitantes de una vivienda de protección oficial. Son jóvenes que no se pueden independizar, parejas que viven separadas en casa de sus padres y personas desahuciadas que están en la calle o acogidos por familiares y amigos. 

Los menores, grandes perjudicados
En 2013, se tramitaron en España 82.000 expedientes judiciales por desahucios. En el 80% de esos hogares había menores. Niños que arrastran serios problemas. Un estudio financiado por la Comisión Europea señala este como el problema más urgente para los menores de España. Proponen que nunca se ejecute un desahucio sin tener antes un techo alternativo y exigen un plan nacional de vivienda social que garantice precios asequibles para familias con problemas. Sin embargo, esa sencilla solución propuesta por Europa parece un imposible para el Gobierno de Mariano Rajoy. Prefieren ver a niños durmiendo en la calle antes que exigir un poquito a los bancos, que acumulan millones de viviendas vacías, una cifra que crece a medida que se aprueban miles de desahucios cada año. Concretamente, en 2013 había más de 3,4 millones de viviendas vacías en nuestro país, lo que convierte a España en el estado con mayor número de hogares vacíos de toda Europa. 

Y mientras tanto, los niños acaban en la calle. No son solo los hijos de las familias desahuciadas, sino que hay que añadir a los jóvenes que al cumplir los 18 años abandonan los centros tutelados, los inmigrantes no acompañados, los fugados del hogar y los que residen en infraviviendas o en asentamientos chabolistas. 

Así lo expuso esta semana Ángeles Díaz Viveco, presidenta de la Fundación Simetrías, una organización que impulsa proyectos para la inclusión social de los menores y que ha reclamado en una rueda de prensa un pacto social “urgente” para garantizar una vivienda digna a los niños y jóvenes que duermen en la calle. 

Entre otras medidas para paliar la situación de extrema vulnerabilidad de los jóvenes sin techo en España, Díaz Viveco ha exigido la paralización de los desahucios y la agilización de los trámites para que las familias desahuciadas con hijos menores puedan acceder al fondo social de viviendas de los bancos.

Y mientras todo esto ocurre, el SAREB –más conocido como banco malo- sigue comprando activos tóxicos a los bancos, es decir, viviendas vacías (y vaciadas) que las entidades financieras no quieren porque no las pueden vender. ¿Y saben cómo se financia el SAREB? Con nuestros impuestos: el 98% de los más de 55.000 millones de activos tóxicos que el SAREB había comprado en 2013 fue asumido por el Estado. Así que, si la SAREB la pagamos entre todos, ¿por qué no nos quedamos con sus casas que, a la postre, también han sido nuestras?


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