La UE y EEUU negocian un Tratado de Libre Comercio e Inversión
(TTIP) que acaba con la gobernanza de los estados y da todo el poder a
las multinacionales y sus injustas decisiones
En junio de
2013, la UE y EEUU comenzaron a negociar un Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (el TTIP en
sus siglas en inglés). Desde el primer día,
conservadores y socialistas venden los supuestos beneficios económicos, pero
eluden los riesgos del TTIP. Unos riesgos que apenas se conocen puesto que
la Unión Europea y EEUU negocian en secreto, ya que los 28 estados miembros
firmaron un acuerdo para que la Comisión Europea pactara este tratado con EEUU
de manera confidencial. Esta opacidad informativa está ofreciendo una
oportunidad única a las grandes multinacionales y a los lobbies para
influir en la opinión pública, dejando así fuera de la negociación a los
propios estados y a los ciudadanos que se verán afectados por el acuerdo.
Pero, ¿qué
es un tratado de libre comercio e inversiones? En resumen, este tipo de
tratados bilaterales –o multilaterales- no pretende rebajar o eliminar
aranceles, sino armonizar todas las regulaciones y criterios de todo ámbito,
igualarlas y someterlas. Es decir, el Estado con más poder económico y
mayor desarrollo de poder productivo somete a los demás firmantes a sus
condiciones. Para Xabier Arrizabalo, profesor de Economía en la Complutense,
“este TTIP trata de desmantelar todos los mecanismos que existen para proteger
derechos laborales y para preservar ciertos segmentos para el capital nacional.
Es decir, con este acuerdo, no solo pierden los trabajadores, sino
también el pequeño y mediano capital no vinculado al sector financiero”.
Además,
Bruno Poncelet, coordinador de la plataforma contra el tratado
transatlántico Notransat,
recuerda que las negociaciones del TTIP no se están llevando a cabo con
representantes políticos, “sino con expertos –tecnócratas- designados por
la Comisión Europa con el apoyo de los gobiernos nacionales”. Es decir, son las
propias élites financieras, industriales y comerciales las que están tratando
de provocar en el mundo de la política un desplazamiento de la legitimidad del
poder. “Quieren promover formas de gobernanza opacas, alejadas de la
gente, en las que quienes tomen las decisiones no hayan sido electos”, asegura
en esta entrevista concedida a Periódico Diagonal.
Por el contrario, añade, “lo que les interesa desacreditar es la legitimidad
del poder político a una escala nacional, así como las finanzas públicas
cuando se ponen al servicio de la solidaridad”.
Sin duda, el
verdadero problemas para los grupos de presión empresariales y sus lobbies es
más bien cómo deslegitimar determinadas políticas, en especial las que
van en contra de la austeridad –y adelgazamiento de lo público- y a favor de
las políticas de solidaridad y de los servicios públicos. O si no, ¿por qué
ese ataque directo y gratuito a Podemos? Sin duda, porque su argumentario
rompe con los principios del capitalismo y con los intereses primarios de las
multinacionales.
Según Poncelet,
el principal objetivo del TTIP es “dar más poder a las multinacionales”.
En especial, dejándoles la elección de las leyes bajo las cuales desean
trabajar. Por ejemplo, hoy, con el mercado único europeo, “las multinacionales
ya pueden elegir entre 28 países diferentes –por lo tanto, entre 28 diferentes
normas fiscales, salariales y sociales-, al tiempo que cuentan con la garantía
de que sus productos puedan circular libremente”.
Unas
condiciones idóneas para acabar con los buenos salarios, la seguridad
social, las políticas de solidaridad y el anteriormente conocido como
Estado del Bienestar, que son demasiado caros de mantener cuando se decide
ponerlos en competencia con un sistema de trabajo digno del siglo XIX.
Porque así es como estamos ahora, perdiendo todos los derechos que dignificaron
el trabajo en el siglo XX.
Están
desapareciendo y por eso ya se pueden encontrar empleos tan salvajes como el
que hace unas semanas ofrecieron a un amigo mío que es de Mali y vive más de
ocho años en España. Salía de casa a las 5 de la madrugada, conducía un
vehículo con otros cuatro subsaharianos de Murcia a Cartagena,
trabajaba de 7 a 7 (12 horas) cogiendo limones y cobraba por todo
ello 17 euros (menos tres uros por la gasolina del viaje). Es decir, 12
horas de trabajo por 14 euros. Denuncia, le dije, pero saben qué, era
imposible: solo conocía a un tal Paco que le iba supuestamente a contratar. Ni
idea de su nombre completo ni de la empresa para la que trabajaba. Nada. Al
tercer día desistió y encima no cobró nada. “Aquí pagamos a final de mes y
si te vas antes lo pierdes todo”, le dijeron. Benditas reformas laborales.
Si ya somos esclavos, con el TTIP no quiero ni imaginar cómo estaremos. Lo que se está negociando en este acuerdo
transatlántico es ofrecer a las multinacionales aún más opciones de
deslocalizaciones oportunistas, pues a los 28 países europeos habría que
sumar los 50 estados norteamericanos “que tienen muy poco de paraísos
sociales para los trabajadores”, recuerda Poncelet.
Más allá del mercado laboral
Pero el acuerdo
no solo influye a los trabajadores y a los ínfimos derechos laborales que
existirían en caso de abrir el mercado de trabajo a EEUU, sino que la
Comisión Europea está dispuesta a negociar con EEUU otra serie de servicios
como el saneamiento de aguas, mutuas, servicios sociales y asociados a la
sanidad o a la educación. Es decir, estos sectores podrían ser objeto de
privatización. Porque, como ya han admitido ambas partes, la principal función
del TTIP es eliminar las barreras que limiten los beneficios de las empresas
multinacionales, verdaderas protagonistas de la negociación. En definitiva, si
se aprueba este tratado tendremos que despedirnos para siempre de los derechos
sociales, laborales y ambientales que hasta ahora hemos conocido.
Por ende, el modelo
social europeo está más amenazado que nunca, pues el TTIP va a llevarse por
delante algunos de los pilares que han sustentado a la Unión Europea desde
su creación. Ya no solo se pierde la soberanía nacional, sino que serán las
multinacionales quienes rijan el devenir de nuestras vidas, fundamentando
su plan de choque en teorías económicas liberales y no en principios sociales y
de bien común.
Los ciudadanos
deberían pronunciarse sobre este TTIP, aunque PP, PSOE, CiU y UPyD ya
votaron en contra de que se consultara mediante referéndum. Asimismo, el Parlamento Europeo tendría que
evaluar cuál es el impacto social, medioambiental y laboral de este acuerdo de
libre comercio y también cómo afectará a la pérdida de privacidad de los
europeos. Sin embargo, parece que tampoco va a tener opción de pronunciarse y,
en caso de que finalmente pueda, el rodillo conservador que gobierna Europa
no dejará ningún tipo de alternativa a este macro acuerdo económico que
nace sin control democrático alguno y en exclusivo beneficio de las grandes
economías de las dos superpotencias.
Aun así, nos
queda un halo de esperanza. No confío en Rajoy ni en la capacidad de
protesta de los españoles. Por mucho que partidos como Podemos o
Izquierda Unida se pronuncien en contra de este despropósito, la mayoría
silenciosa calla y otorga. Solo nos queda confiar en Francia. Una vez más ha sido
el país vecino quien ha alzado la voz para decir NO al tratado. Ojalá su
veto llegue a buen puerto porque en nuestro patético e inmaduro país el SÍ
viene de fábrica.
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