12 de diciembre de 2014

Una ley más dura que la de Franco

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) nos retrotrae a la época más oscura de España, con sanciones desorbitadas que limitan la libertad de expresión y de manifestación

 

El Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves el Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, calificada como ley mordaza por la oposición y los movimientos sociales. Sin duda, con esta medida que el PP ratificó en solitario gracias a su mayoría, el Gobierno pretende recrudecer las sanciones administrativas  para intentar atemorizar y presionar todavía más a la ciudadanía. Los Derechos Humanos y las directivas europeas parecen importar bien poco cuando es el ministro Fernández Díaz el que toma el mando de la situación. La ley aprobada ayer nos retrotrae al más crudo franquismo, pues se podría decir que la ley de Orden Público aprobada en 1959 por el general Franco tiene aspectos más suaves que la reforma aprobada ayer en el Congreso de los Diputados.

En aquel entonces, una manifestación “no autorizada” o que se desarrollara fuera de los límites “permitidos por la autoridad” podía versa sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas si era el Consejo de Ministros quien imponía la sanción, pero no pasaba de 5.000 pesetas si eran los alcaldes quienes decidían firmarla. Aun así, el artículo 20.1 de esta ley franquista dice que para la graduación de las multas “se deberá tener en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho realizado, los antecedentes del infractor, su capacidad económica y cargas familiares”. Pues bien este último punto se obvia en la ley mordaza. Se multa por igual a personas que sobreviven en la calle, a estudiantes, a trabajadores en desempleo o a personas jubiladas. No importa quién recibe la sanción, solo buscan imponer el miedo y recaudar dinero.

Hoy, con la nueva ley mordaza, se considera infracción “muy grave” convocar reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones donde se presten servicios básicos, u obstruir su funcionamiento “cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento”. Es decir, que manifestarse a 500 metros del Congreso con los diputados dentro se considera sanción “muy grave”, por lo que la sanción para los supuestos organizadores oscilaría entre 30.001 y 600.000 euros. En pesetas, para quien todavía se líe, entre 5 millones y 100 millones de las antiguas. Ahí es nada.

Pero es que, si se organiza una manifestación cerca del Congreso, la sanción es “grave” aunque no haya nadie dentro. Multas de entre 600 y 30.000 euros siempre que haya incidentes, es decir, siempre que los antidisturbios quieran. Hay más faltas graves y escandalosas que recoge esta ley mordaza. Por ejemplo, ir a parar un desahucio u organizar un escrache a un político también se considera “grave”, por lo que a estas acciones corresponde la misma sanción anterior, de 600 a 30.000 euros, es decir, de 100.000 a 5 millones de pesetas.

En esta imagen hay dos delincuentes: el anciano por protestar y el fotógrafo por dinfundirlo
Pero hay más infracciones “graves”: Protestar en el metro o en hospitales, difundir fotos o imágenes de policías y obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano como contenedores son también algunas de las nuevas acciones que tendrán sanciones de 600 a 30.000 euros.

Por último, entre las infracciones leves, penadas de 100 a 600 euros de multas se recogen “infracciones” como cambiar el itinerario de una manifestación, escalar edificios para colgar pancartas (protesta típica de Greenpeace), ocupar un inmueble, ocupar la vía pública, el top manta y hasta el botellón.

Sin duda, esta reforma estructural que trae la ley mordaza nos retrotrae a los años más duros del franquismo, donde expresarse con libertad estaba prohibido y donde la policía o las fuerzas de seguridad siempre tenían razón. Con esta nueva legislación, los detenidos y multados serán culpables sí o sí y serán los propios inculpados quienes deberán demostrar su inocencia y no al revés. Sin duda es una ley que atemoriza, pero no por ello los ciudadanos vamos a parar de reclamar lo que creemos justo y necesario. Por eso, desde Legal Sol ya han puesto a disposición de todo el mundo un manual contra la buro-represión que nos ayudará a autodefendernos contra estas sanciones que, por lo que parece, se van a multiplicar en los próximos meses. Estad atentos, sed más inteligentes que ellos, pero nunca dejéis de reclamar lo que consideréis justo. Si lo hacéis, habrán conseguido su objetivo.

Conoce las sanciones al detalle en La Marea -> http://goo.gl/r0TH19
Descárgate el Manual de autodefensa de Legal Sol -> http://goo.gl/ZXl5OY

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