27 de marzo de 2013

La opacidad de la Ley de Transparencia




Que en España la transparencia brilla por su ausencia es algo que se escapa ya a pocos ciudadanos. Los escándalos que están saltando a la luz en los últimos tiempos –Bárcenas, los eres, Noos…- así lo corroboran. Aquí –siempre presuntamente, eso sí- ha robado hasta el apuntador y los bolsillos de unos y de otros se han llenado con montones de dinero. Y cuando los pantalones han rebosado, se han abierto cuentas en Suiza o lo han plantado en medio del monte para poder seguir robando a espuertas. 

Para intentar poner freno a esta trama corrupta de la que muy pocos se libran, el Partido Popular lanzó un proyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que, aunque llegó al Congreso en septiembre pasado, todavía sigue dando vueltas de un lado a otro sin que se debata con seriedad. De hecho, desde entonces se han encadenado20 ampliaciones sucesivas del plazo para la presentación de enmiendas y se ha procedido a fijar una lista de ocho comparecencias que se cerraron en febrero. Por suerte, esta semana concluye el plazo de enmiendas a la norma y su debate en ponencia y comisión comenzará en mayo.

Según este borrador, la Ley de Transparencia tendrá un triple alcance: incrementar y reforzar la transparencia en la actividad política, reconocer y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables políticos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Sin embargo, dos pilares fundamentales quedan fuera de esta futura ley: los lobbies –organizaciones de intereses y altamente influyentes- y los medios de comunicación. Como era de prever, la Casa Real también está excluida. En palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Gobierno, esto se debe a que ninguna de estas instituciones o entidades “está dentro de la Administración pública”, que será a quien afecte exclusivamente esta normativa. 

Papel mojado
¿Es tan completa esta ley como para poner fin a la falta de transparencia, el trapicheo, la picaresca y la ilegalidad? En un Estado donde prima la gobernabilidad sobre la garantía de representatividad, va a ser realmente complicado una ley tan completa, por ello, en esta reforma no se regulan algunos aspectos que son prioritarios. El imperfecto bipartidismo o las listas cerradas y bloqueadas para las elecciones sirven para que quienes controlan los dos grandes partidos, controlen a su vez todos los órganos representativos. Este Presidencialismo, especialmente cuando hay mayoría absoluta en el poder, da primacía al poder ejecutivo sobre el legislativo, además de que da potestad para que el Gobierno elija a los miembros superiores de organismos públicos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, el Banco Central o la Fiscalía General del Estado. Por tanto, si la ley de Transparencia no regula todo esto, ¿de qué sirve?

Dejar fuera de esta legislación a los medios de comunicación también supone un problema mayúsculo, especialmente si se tiene en cuenta que son estos dos partidos mayoritarios quienes conceden las licencias de emisión. La pluralidad no está garantizada, pues no están representadas en el sector audiovisual todas las ideologías del espectro político. Aunque existen multitud de medios y variedad de contenidos, solo se asientan en dos ejes ideológicos muy concretos. 

Finalmente, tampoco hay que olvidar el poco control que existe y existirá para las grandes empresas. Hay que tener en cuenta que la regulación del sector depende de los gobiernos y, además una parte muy importante de su negocio procede del sector público. Por tanto, no es extraño que estas empresas tengan relaciones cordiales con los grandes partidos y que colaboren en la opaca financiación privada de estos sin que haya ningún tipo de control público. 

Por eso, estoy seguro de que ninguno de los dos grandes partidos tiene interés alguno en mejorar profundamente el estado de las cosas, pues, aun cuando al ser oposición les interese cambiarlas, tan pronto llegan al poder, olvidan sus promesas y quien pasa entonces a ser oposición tiene poca legitimidad para reclamar todo lo que no ha hecho durante su mandato.

Todo esto además se enmarca en un marco de cultura cívica caracterizado por la desconfianza institucional y la baja implicación ciudadana. Aunque los políticos y la corrupción son el segundo problema que más preocupa a los españoles –solo por detrás del desempleo- todavía no existe una repulsa activa y mayoritaria a las deshonestas acciones que nuestros políticos suelen protagonizar. Igualmente, los cambios que necesita España chocan con los intereses de los dos grandes partidos, por eso promueven una creencia de fondo que asegura que si estos cambios se producen, la gobernabilidad entraría en serio peligro, algo innecesario e irresponsable puesto que para salir de la crisis hace falta “estabilidad, eficacia y orden”.

Lo que obvia la ley
En definitiva, para que esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno tuviera la efectividad que aseguran buscar con su aprobación, debería ser mucho más exigente. Según el último ránking publicado por la ONG Transparency International, España estaría en el puesto 31 de los países más corruptos del mundo, al nivel de Botwsana o Bután. Por ello, esta ONG publicó un informe donde explica brevemente cuáles deberían ser las reformas más urgentes para ganar en transparencia en nuestro país:

• En primer lugar, debería existir un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre gobierno, partidos políticos, las ONG, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, que priorice la correcta aplicación de las normas ya existentes y que, a su vez, genere medidas que refuercen las sanciones y aseguren la independencia de los órganos encargados de luchar contra la corrupción y el control del gobierno. 

• Ligado con este primer punto, es fundamental que los partidos políticos mejoren la normativa de financiación y aseguren un organismo supervisor independiente que se encargue de controlarla. Los partidos reciben gran cantidad de dinero público, por lo que deben de estar obligados legalmente a hacer públicas sus cuentas de manera detallada, puntual y fácilmente comprensible para los electores. 

• Asimismo, habría que modificar el sistema de listas cerradas y bloqueadas por uno de lista abiertas, así como trabajar en mejorar la formación e información de los electores.

• Impulsar la democracia interna en los partidos y obligar a la celebración de primarias para evitar su oligarquización.

• Despolitizar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, así como otras instituciones como el Defensor del Pueblo o la Fiscalía General del Estado. La politización actual es un grave problema para la integridad del sistema. Habría que establecer criterios claramente meritocráticos y objetivos para ocupar esos puestos y no los actuales, más cercanos al nepotismo y al amiguismo político.

• Aprobar una verdadera Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas, además de otras medidas tendentes a mejorar la receptividad, la accesibilidad, la participación y la colaboración ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

• Crear una Dirección Pública profesional que garantice la calidad de los nombramientos en los cargos hasta Director General y la protección frente a ceses partidistas por cambios en el poder. Es vital reducir los nombramientos y ceses ‘a dedo’ en la Administración Pública.

• Por otro lado, sería esencial aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción, tanto en el ámbito público como en el sector empresarial y regular las actividades del lobby de acuerdo a las guías de la OCDE. 

Por tanto, mientras no se redacte una ley que recoja todos estos principios básicos, no se podrá hablar de transparencia en nuestro país. “La información que tiene el poder debe ser pública porque es de todos. Los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se gastan los fondos públicos”, afirma Emilio Guichot, doctor en Derecho Público. Sin embargo, el redactado actual de la norma, que se encuentra en pleno trámite parlamentario, está muy lejos de ser un instrumento efectivo que permita el acceso real de los ciudadanos a la información sobre todos los órganos y administraciones públicas y las empresas subvencionadas o adjudicatarias de contratos. Sin embargo, parece que esos dos grandes partidos, PP y PSOE, no están por la labor de que todos sus irregulares tejemanejes salgan a la luz pública. Lógicamente, a ellos les viene muy bien tanta opacidad.




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