17 de julio de 2013

“Los paraísos fiscales esconden más de un tercio del PIB mundial”

Los grandes líderes mundiales los señalan como culpables de la crisis, sin embargo, no actúan para ponerles freno. Los territorios libres de impuestos siguen existiendo y albergan más de 12 billones de dólares procedentes no solo de grandes estafas financieras, sino también del narcotráfico y el terrorismo



Aunque se intente perseguir, la evasión de impuestos en paraísos fiscales ha sido y es una de las prácticas más habituales de las grandes multinacionales. Pero no solo multimillonarios y magnates se han beneficiado de estos territorios libres de impuestos, sino que también han sido y son utilizados para blanquear el dinero fruto del narcotráfico, el terrorismo y las más grandes estafas financieras. Y además, es fácil y muy económico. Tanto que con unos 200 dólares usted mismo puede constituir a través de  Internet una compañía en un paraíso fiscal que actúe de sociedad pantalla para poder evadir impuestos. Después, con que pague una pequeña cantidad –a veces menos de 50 dólares al año- a un agente autorizado por los gobernantes locales de esos países, ya puede operar sin desvelar que es el titular real de estas empresas.

Sencillo, ¿verdad? Por tanto, es fácil comprender que actualmente los expertos estimen que hay más de 12 billones de dólares depositados en paraísos fiscales, es decir, más de un tercio del PIB anual mundial. Para intentar comprender un poco mejor las características de estos territorios, en Fundación Melior hemos contactado con el economista Juan Hernández Vigueras, doctor en Derecho y experto en finanzas internacionales y paraísos fiscales.

En primer lugar, ¿qué se entiende por paraíso fiscal?

La expresión paraíso fiscal no es muy afortunada porque sugiere la idea de que aquel país donde se obliga a pagar impuestos es un infierno. Y eso no es cierto porque los impuestos son la base de la convivencia social organizada. Los impuestos son la contraprestación de los servicios comunes que necesitamos y recibimos cuando convivimos en sociedad: la educación de los hijos, la atención de la salud, la retribución en situación de desempleo, las pensiones y el cuidado de los ancianos…

Hablando con rigor tenemos que precisar que el término paraíso fiscal es una valoración técnico-política acuñada por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Término que, incluso siendo polémico, nos sirve para designar a los países y territorios con escasa o nula tributación para las operaciones financieras y que aparecen relacionados periódicamente con hechos delictivos y escándalos financieros, que trascienden a los demás Estados, cuyas economías dañan facilitando la evasión fiscal y la delincuencia financiera de todo tipo globalizada. Más objetivamente se podría decir que son jurisdicciones fiscales que no requieren la residencia de los operadores financieros en el territorio ni operar con la moneda local y que, junto a otras características de secretismo y permisividad, configuran una zona de privilegio fiscal.  

De hecho, la única definición oficial corresponde a la OCDE y solo se refiere a su aspecto fiscal, pero ignora otros aspectos como el secreto bancario. ¿Podría darnos una definición más completa de lo que realmente esconde este tipo de territorios?

Se podría decir que los paraísos fiscales combinan algunos rasgos típicos como la carencia de impuestos sobre el beneficio empresarial, sobre las donaciones y las herencias; el secreto bancario, la existencia de cuentas anónimas numeradas y la no-obligación para el banco de identificar y conocer al cliente; las fuertes deficiencias en la supervisión y control bancario sobre las transacciones financieras como la no obligatoriedad para los bancos de informar a las autoridades sobre las transacciones dudosas. La falta de información y de estadísticas completas sobre estas operaciones financieras es alarmante, así como el volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, de no residentes, en relación a la economía local.

Asimismo, facilitan extremadamente la formalización y registro de sociedades mercantiles y no se controlan las sociedades filiales de los grandes grupos multinacionales. Por último, no se penaliza –o se tolera abiertamente- el blanqueo de dinero o incluso la financiación del terrorismo porque apenas existe colaboración con las autoridades fiscales y judiciales de los demás países.

¿Cuándo y cómo nacieron?

Los paraísos fiscales tienen su origen en la libertad de los movimientos internacionales de capitales que se introduce al suprimirse los controles establecidos en los diferentes Estados sobre los bancos y los mercados de capitales. Son una consecuencia de la “revolución conservadora” y el “capitalismo popular” que impusieron el presidente de los EEUU Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher en los años ochenta mediante políticas neoliberales que se generalizaron en los noventa dentro de la idea de la “modernización” de la economía.

Para abreviar, podemos afirmar que el desarrollo de los paraísos fiscales, como se manifiesta actualmente, se enmarca dentro de la aparición de las actividades de financiación offshore, para no residentes, como un sector de los mercados globales, innovaciones que sin moverse de casa permiten realizar compras y ventas de acciones, bonos, concertar préstamos y seguros y operar con los diversos productos financieros con mayor rentabilidad porque evitan el pago de impuestos.

¿De cuánto dinero hablamos?

Es muy difícil de saber. Expertos de la Red por la Justicia Fiscal (Tax Justice Network), según cálculos fiables, estimaron hace unos años el valor de los activos depositados en los paraísos fiscales en más de 12 billones de dólares, más de un tercio del PIB anual mundial. Hablamos de unas cuantías semejantes al valor conjunto de las economías de Estados Unidos y Japón como mínimo, es decir, equivaldría a treinta veces el PIB español. Aun así, son unas estimaciones muy conservadoras, ya que se refieren únicamente a la riqueza financiera y excluyen el valor de las propiedades inmobiliarias, yates, casinos online y otros activos no financieros propiedad de sociedades registradas en paraísos fiscales.

Por poner un ejemplo, a finales del año 2000, los numerosos bancos de las pequeñas Islas Caimán tenían unos activos financieros por un valor superior a los que había depositados en todos los bancos de Francia. Es decir, con un PIB anual de menos de 900 millones de dólares, los activos de las Caimán superaban a los de la banca en Francia, un país con un PIB anual de 1,4 billones de dólares, casi 1.600 veces superior.

En varias ocasiones, los grandes líderes mundiales han mostrado su intención de acabar con esta práctica, sin embargo, apenas hay cambios…

Ante la ausencia de una autoridad a nivel mundial, la realidad es que solo tenemos un inmenso mercado financiero global. Al desaparecer todos los controles de los Estados sobre el capital sin que se establecieran normas internacionales sustitutorias, se ha optado por una serie de organismos supuestamente técnicos pero nada democráticos, catalogados como “establecedores de estándares”, que generan esa especie de “normas técnicas”, que luego se convierten en normas jurídicas estales, como un sucedáneo de una legislación establecida democráticamente por la ONU o mediante tratados internacionales.  Por esto, ni el G-8 ni el G-20, a pesar de las intenciones claras de Obama por acabar con ellos, ni la Comisión Europea, ni el FMI o la propia OCDE han conseguido apenas avances.

Mucho interés verbal, pero poca acción real…

El comunicado de los líderes del G-20 en Cannes, publicado el pasado año, apremió a todas las jurisdicciones “para que se adhieran a los estándares internacionales en las áreas de fiscalidad, prudenciales (solvencia bancaria) y el antiblanqueo de capitales y combate del terrorismo”. Desde luego, quienes no están familiarizados con este lenguaje tecnocrático internacional podrían tomarse en serio tal compromiso de los importantes gobiernos del G-20; sobre todo, porque en la Declaración final de esta cumbre se recuperó la expresión “paraísos fiscales”, que prácticamente había desparecido del lenguaje oficial desde la cumbre de Londres en 2009, cuando nuestros gobernantes lograron grandes titulares de prensa afirmando que habían desaparecido los paraísos fiscales y que se había acabado el secreto bancario.

Pero, en cualquier caso, poco se ha hecho, a pesar de que la coyuntura actual es propicia para una estrategia de país defensiva y ofensiva contra los paraísos fiscales, exigiendo el cumplimiento serio de los acuerdos internacionales suscritos al respecto; y en el campo tributario interno para aplicar las medidas que vienen propugnando los inspectores y técnicos de Hacienda.

Aun así, el 2 de noviembre de 2011, la OCDE publicó la lista de paraísos fiscales actuales y solo se recogían dos: Nauru (Micronesia) y Niue (Polinesia), dos pequeñas islas del Pacífico. Sin embargo, el resto sigue existiendo, solo que se han comprometido a mejorar la transparencia y el intercambio de información. Ahí están todos, desde Gibraltar a las Bahamas, pasando por las Islas Caimán, las Vírgenes o Maldivas. Por ahora solo han dado datos a cuentagotas. Un claro ejemplo es el de Andorra, que se cayó en febrero de 2011 de la lista española de paraísos fiscales, aunque el convenio firmado entre ambos países solo establece el intercambio de cierta información “previo requerimiento” de las autoridades españolas y nunca con datos previos a la firma de ese acuerdo.

Y las multinacionales siguen a lo suyo

No es ningún secreto que los grandes grupos empresariales globales centralizan sus costes e ingresos en aquellas filiales registradas en países y territorios considerados paraísos fiscales o donde les resulta más beneficioso desde el punto de vista legal y económico, como los casos de Google o como el 94% de las empresas del IBEX 35, según datos de hace unas semanas.

Las normas internacionales del IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad) solo exigen a las corporaciones multinacionales o grupos empresariales la consolidación en una cifra conjunta de los datos de sus cuentas, permitiendo el fraude y la evasión fiscal, entre otros efectos negativos. De ahí que expertos críticos y ONG intenten que se exija en las legislaciones nacionales que los informes corporativos anuales recojan la información relevante desglosada país por país, de ingresos, beneficios, detalle de impuestos pagados, inversiones realizadas, activo y pasivo y obligaciones medioambientales, etc. Pero nadie está por la labor de regular esto, aunque la existencia de paraísos fiscales perjudique seriamente a la democracia y al crecimiento de las pymes.

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