31 de octubre de 2014

El agua no es un negocio

Más del 50% del agua en España está controlada por empresas privadas, principalmente por Aqualia y AGBAR, que crean un monopolio que condena a más de 500.000 familias a vivir sin este servicio vital

¿Se puede privatizar un monopolio natural como el agua? Peter Brabeck-Letmathe, presidente del grupo Nestlé, considera que el suministro de agua “se debe privatizar para que como sociedad tomemos consciencia de su importancia y acabar así con el abaratamiento que se produce en la actualidad”. ¿Un comentario casual? Lógicamente no, especialmente si tenemos en cuenta que Nestlé es el líder mundial en la venta de agua embotellada.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento. Desde ese momento, comenzó un proceso remunicipalizador que ha devuelto la gestión pública del agua a un sinfín de ayuntamientos de todo el mundo. Sin embargo, nuestro país sigue muy atrás en este proceso. “En España es muy habitual comparar un bien común como el agua con el resto de servicios”, asegura Luis Babiano, gerente la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).
En la gestión del agua en España, intervienen los tres niveles de gobierno existentes: estatal, autonómico y local. Pero en lo relativo al ciclo urbano esa competencia es totalmente municipal y cada vez más pueblos y ciudades de nuestro país apuestan por la privatización. Actualmente, más del 50% del mercado español está privatizado, porcentaje que ha crecido en 20 puntos en las últimas dos décadas. Además, solo dos empresas Aqualia y Aguas de Barcelona (AGBAR) controlan más del 80% del sector, lo que convierte este servicio en un brutal monopolio que rompe incluso con los principios liberales que impulsan la privatización.
AGBAR se ha transformado en una multinacional multiservicios de la mano de Suez-Lyonnaise, que tiene una participación superior al 30% en esta empresa, diversificando sus actividades en una gama amplia de servicios (agua, medio ambiente, seguros de salud, limpieza, servicios de automoción, construcción, etc.). Por su parte,Aqualia está participada en un 28% por Veolia (la otra gran multinacional del agua). Entre ambos gigantes no existen participaciones cruzadas, lo que les da una posición monopolista en el mercado.
Cortes de agua
Con esta privatización, queda claro que ducharse o beber agua del grifo no es un derecho en España. Es un servicio: cuesta dinero y hay que pagarlo. Y si no pagas, te quedas sin agua. Los derechos humanos importan bien poco en nuestro país. Según los últimos datos de AEOPAS, cerca de 500.000 familias sufren cortes de agua cada año en España y más de 3,6 millones de familias tienen dificultades para pagar el recibo. Solo en Madrid, cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción de suministro.
Al ser un servicio local, cada municipio gestiona como  quiere, por lo que normalmente apenas existe ni regulación ni transparencia ni gobernabilidad alguna sobre este derecho humano.
El caso de Jerez

Pero si está más que demostrado que la privatización no funciona porque aumenta el precio, crea sobrecostes innecesarios, reduce la inversión en la infraestructura y aumenta la corrupción (véase Caso Pokemon), ¿por qué los ayuntamientos insisten en la externalización del servicio? Porque es un chollo para los gobernantes locales, pues se desentienden de la gestión real de un servicio y a cambio reciben una gran cantidad de dinero, afirma Luis Babiano.

Eso ocurrió hace apenas un año en Jerez. El gobierno municipal del Partido Popular decidió finiquitar a Aguas de Jerez, la empresa pública que hasta el momento funcionaba con total solvencia. Sin duda, era un negocio jugoso para Aqualia. Pagó 80 millones de euros y se apoderó del servicio. Con esa cantidad, la alcaldesa popular pudo maquillar un poco la tremenda deuda que asfixia al consistorio y que asciendo a más de 1.000 millones de euros.

Sin embargo, los grandes afectados fueron los vecinos. En una localidad con un desempleo que ronda el 40%, muchas familias no pueden hacer frente a las innumerables facturas que les llegan cada mes. Por eso, a los pocos meses de que Aqualia se hiciera cargo del servicio ya había cortado el agua a más de 200 familias de la ciudad. Unos meses más tarde, en julio de este año, el Foro Ciudadano de Jerez ya denunciaba que había más de 7.000 expedientes para cortar el agua a otras tantas viviendas del municipio. Eso significa que si la empresa sigue en sus trece, muy pronto más de 15.000 personas podrían quedarse sin agua en Jerez. ¿Y el Ayuntamiento no dice nada? Lógicamente, no. Pues ya ha recibido los 80 millones de euros y, como bien dice el refrán, quien paga, manda.

Un buen ejemplo, Priego
A 100 kilómetros de Córdoba se encuentra el municipio de Priego, gobernado al igual que Jerez por el Partido Popular. Sin embargo, allí la situación es totalmente contraria a la ciudad gaditana. Cuando se privatizó el agua en el municipio cordobés, el recibo se encareció hasta un 85%. En septiembre de 2010, el gobierno municipal, con los votos a favor de PSOE, IU y Grupo Mixto, la abstención del PP y el voto en contra del Partido Andalucista, acordó privatizar la gestión del agua.
Pero la situación es insostenible. Las cláusulas leoninas y la falta de control del Ayuntamiento sobre la tarifa del agua han encrespado a los ciudadanos que se han levantado a favor de la remunicipalización del servicio. La Plataforma Priego, Agua y Desarrollo ha impulsado un movimiento que está muy cerca de conseguir su objetivo de que sea de nuevo el pueblo quien gestione el  servicio.

De París a Medina Sidonia
La vuelta del agua a manos públicas tiene claros ejemplos en todo el mundo. El principal, sin duda, es el de París, donde la privatización del agua empeoró el servicio y encareció la factura. Finalmente, cuando se acabó la concesión decidieron no renovarla y volver a controlar el servicio. En el primer año consiguieron reducir la factura en un 8% y obtener 35 millones de euros en beneficios. Con ese dinero instalaron fuentes en toda la ciudad para universalizar el servicio y mejoraron la calidad del agua.
En España, hay varios municipios que sirven de ejemplo para demostrar que la gestión pública funciona. Destacan los casos de Torrelavega, Lucena, Aguas del Huesna (Sevilla) o Medina Sidonia. Este municipio gaditano, al contrario que Jerez, decidió crear su propia empresa pública para gestionar el abastecimiento de agua. Desde que se recuperó la gestión pública, en el municipio no ha habido cortes por impago, ni siquiera con la irrupción de la crisis económica. La decisión de remunicipalizar fue tomada con una firme voluntad de mejora del servicio en todos sus aspectos, así como de repercutir directamente los beneficios generados en el municipio. Y manteniendo toda la plantilla de trabajadores que tenía la empresa privada. De hecho, su gestión fue puesta como ejemplo en la ONU para incentivar a otras ciudades a remunicipalizar el servicio del agua.
En definitiva, el agua es un derecho humano, en cuanto es esencial para la vida. Por eso, es infernal que los países no sean capaces de asegurar el acceso gratuito y universal a este bien común. No podemos permitir que unas cuantas multinacionales ganen miles de millones de euros a costa de nuestra salud y de nuestra propia vida. Por eso son los ciudadanos quienes tienen que posicionarse contra sus ayuntamientos y exigir que el agua y su abastecimiento vuelvan a manos públicas. No podemos permitir que jueguen así con nuestro porvenir.

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